29.10.2026 / Recepción libertaria para León XIV
La Justicia embargó cuentas de un ministerio de Milei por una deuda con el Cottolengo que visitará el Papa
Un juez ordenó embargar fondos de Salud que encabeza Mario Lugones por $828,7 millones para saldar una deuda con el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole por medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. La institución recibirá al papa León XIV en 10 días y denuncia falta de provisiones que interrumpe tratamientos.
La Justicia federal ordenó embargar cuentas del Ministerio de Salud de la Nación por $828.708.195 a raíz de una deuda reclamada por el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido bonaerense de Almirante Brown. La medida fue dispuesta por el juez Juan Pablo Auge, del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora, para garantizar el pago de medicamentos e insumos correspondientes al período comprendido entre marzo y junio de 2026.
La resolución se conoce en medio de los reclamos por el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad y a pocos días de la visita que el papa León XIV realizará a la institución, prevista para el 9 de noviembre. El Cottolengo alberga a más de 400 personas y depende de recursos que permitan sostener la atención y los cuidados cotidianos.
El magistrado dispuso librar un oficio al Banco Nación para que los fondos alcanzados por el embargo sean transferidos a una cuenta de la institución. El conflicto involucra a la cartera que conduce Mario Lugones y al programa Incluir Salud, que brinda cobertura a personas que requieren prestaciones específicas.
La disputa por los insumos y los trámites administrativos
El reclamo corresponde a medicamentos e insumos que el Cottolengo necesitaba para sus residentes. Desde el Ministerio de Salud rechazaron el pedido de pago con el argumento de que la institución no habría presentado las facturas ni iniciado los trámites administrativos correspondientes.
La entidad, en cambio, sostuvo ante la Justicia que sí había realizado las gestiones necesarias y cuestionó los argumentos oficiales. Su abogado, Pablo Díaz, afirmó que “lo único que buscan es eludir su responsabilidad y dilatar la solución del problema”.
Según la presentación judicial, el mecanismo de cobertura no funcionaba mediante reintegros contra facturas, sino a través de pedidos de insumos que eran auditados y luego entregados. Por ese motivo, la institución consideró que la exigencia planteada por el Ministerio no se correspondía con el procedimiento aplicado.
Entre la documentación presentada figuran correos electrónicos enviados a organismos nacionales en junio y septiembre, en los que el Cottolengo advertía sobre la falta de entrega de los insumos solicitados. En esas comunicaciones, la institución alertó que la interrupción de las provisiones podía afectar la continuidad de tratamientos y deteriorar la salud de los residentes.
La decisión judicial se produjo después de que el juez evaluara esos elementos y ordenara cubrir el monto reclamado. El embargo busca garantizar el pago de la suma establecida, mientras la controversia expone las diferencias entre la versión oficial y la documentación aportada por la entidad.
Una deuda nueva después de otro reclamo millonario
El episodio se suma a un conflicto anterior: a comienzos de octubre, el Gobierno nacional había cancelado otra deuda con el Cottolengo, superior a los $750 millones, que la institución reclamaba desde febrero. Sin embargo, el nuevo reclamo por prestaciones correspondientes a los meses siguientes volvió a enfrentarla con el Ministerio de Salud.
La situación pone el foco en las dificultades de financiamiento que atraviesan instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, cuyos servicios requieren provisiones permanentes y recursos para sostener tratamientos y cuidados. En este caso, la disputa no se limita a una diferencia contable: el Cottolengo advirtió que la falta de insumos podía tener consecuencias concretas sobre la salud de quienes viven allí.
La visita de León XIV prevista para el 9 de noviembre dará mayor visibilidad a la situación de la institución, en un contexto de cuestionamientos a la política nacional de discapacidad y de reclamos por la regularidad de los pagos estatales. Mientras tanto, el embargo judicial busca que la deuda reclamada tenga una respuesta efectiva.
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