Los rectores de las universidades nacionales y diputados opositores buscan ampliar la presión sobre el Gobierno de
Javier Milei con nuevas medidas judiciales y legislativas, ante el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario y la falta de recursos previstos para el próximo año.
La estrategia se definió en una reunión que mantuvieron este martes y apunta a ir más allá de la Marcha Federal convocada para el 15 de octubre. Entre las alternativas en análisis figura una
denuncia penal que permita impulsar sanciones más severas que las multas previstas por el incumplimiento de la norma.
Asimismo, los rectores buscan que la ley de
Financiamiento Universitario quede incorporada al dictamen del Presupuesto 2027, para asegurar las partidas necesarias y evitar que el Ejecutivo vuelva a dejarla sin aplicación. La oposición también reclamó que se cumpla el reciente fallo judicial que ordena ejecutar la ley.
El reclamo se da en medio de la discusión por los recursos que el Gobierno proyecta para las universidades. El Presupuesto 2027 contempla $7,5 billones para el sector, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama al menos $11 billones para cubrir los aumentos salariales, los gastos de funcionamiento y las becas. Según el OCEPP, los fondos previstos representan una caída real del 25% respecto de 2023; mientras que el Frente Sindical de las Universidades Nacionales advierte que los salarios docentes y no docentes acumulan un atraso real del 33,4%.
En ese marco, la oposición también propuso compensar los recursos universitarios con una reducción de las partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a Obligaciones a Cargo del Tesoro, que cuenta con $14,9 billones.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, "Bertie" Benegas Lynch, rechazó el planteo y señaló que la comisión no puede impartir instrucciones de gestión a la Jefatura de Gabinete. En tanto, el oficialismo prevé la posible visita de funcionarios del área educativa para el 20 de octubre.
Desde las universidades advierten que el conflicto no se limita al presupuesto del próximo año, sino que también afecta el funcionamiento cotidiano de las instituciones y los salarios de sus trabajadores. En esa línea, desde el CIN aseguran tener "expectativas" y no descartan avanzar con una denuncia penal.