07.10.2026 / ECONOMIA
Polémica por el RIGI: estiman que necesita 33% más de inversión para compensar los impuestos resignados
Un informe de EcoGo calculó que los beneficios fiscales otorgados a los grandes proyectos implican un gasto tributario de US$8.493 millones. Para que el esquema cierre fiscalmente, al menos uno de cada tres dólares invertidos debería corresponder a proyectos que no se hubieran concretado sin el régimen.
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) volvió a quedar bajo discusión luego de que un informe privado estimara que necesita un 32,7% de inversión adicional para compensar los impuestos que el Estado deja de cobrar por los beneficios otorgados a las empresas.
Según EcoGo, los 23 proyectos aprobados formalmente acumulan inversiones anunciadas por US$39.429 millones y generarían una recaudación estimada de US$17.499 millones a valor presente. Al mismo tiempo, el gasto tributario asociado a las exenciones y beneficios alcanzaría los US$8.493 millones.
“El gasto tributario no es lo mismo que costo fiscal neto”, aclaró la consultora. Y explicó que “si una inversión sólo se realiza porque existe el RIGI, el Estado resigna impuestos respecto del régimen general, pero también obtiene una recaudación que sin esa inversión no habría existido”. Bajo ese criterio, el punto de equilibrio aparece cuando al menos el 32,7% de las inversiones resulta efectivamente adicional.
La distribución del impacto también mostró fuertes diferencias. De los US$8.493 millones resignados, US$6.231 millones corresponden a recursos nacionales. Por eso, mientras las provincias receptoras necesitan una adicionalidad del 17,7% para equilibrar sus cuentas, la Nación requiere un 38,5%. En un escenario ampliado de 39 proyectos, ese porcentaje nacional trepa hasta el 44,4%.
Desde EcoGo señalaron que el régimen “no necesita que toda la inversión sea adicional para cerrar fiscalmente”, pero advirtieron que el desafío no pasa solamente por sumar anuncios. También plantearon la necesidad de “maximizar su adicionalidad y ampliar el derrame sobre proveedores, empleo, infraestructura y actividad”, en medio de la discusión sobre el costo fiscal y los beneficios reales del esquema.
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