Maricarmen: la crisis de vivienda que sacude a España

El desahucio de una mujer de 87 años de la casa en la que había vivido prácticamente toda su vida terminó convirtiéndose en uno de los mayores conflictos sociales y políticos de España. En apenas nueve días, el caso de Maricarmen Abascal pasó de una disputa judicial por un antiguo contrato de alquiler a provocar movilizaciones en distintas ciudades, una acampada en la Puerta del Sol, dos decretos de urgencia del Gobierno y una derrota parlamentaria que dejó a Pedro Sánchez evaluando la posibilidad de adelantar las elecciones generales.

El Congreso rechazó este viernes los dos decretos impulsados por la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar. El primero cayó por 178 votos contra 172, mientras que el segundo obtuvo 166 votos favorables y 184 negativos. Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN) rechazaron ambos textos, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria también votaron contra el segundo.

Quién es Maricarmen y por qué fue desahuciada

María del Carmen Abascal tenía 17 años cuando se instaló junto con sus padres en un departamento de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro. Su padre firmó en 1956 un contrato bajo el antiguo régimen de alquiler conocido como "renta antigua", que establecía condiciones mucho más protectoras para los inquilinos y permitía que los contratos se prolongaran durante décadas.

El contrato pasó primero del padre a la madre y, después de la muerte de esta en 2005, a Maricarmen. Ahí apareció el problema jurídico que décadas más tarde terminaría provocando su desalojo: la legislación posterior limitó las posibilidades de subrogar esos antiguos contratos. La Audiencia Provincial de Madrid consideró que el contrato había quedado legalmente extinguido en 2007 y el caso terminó llegando al Tribunal Supremo.

Por eso, a diferencia de muchos casos de desahucio, el de Maricarmen no se originó en una deuda por alquiler. El conflicto giró alrededor de la continuidad de aquel contrato histórico.

Tras obtener una decisión judicial favorable, la empresa propietaria del inmueble buscó establecer un nuevo alquiler a valores actuales. Las distintas fuentes publicaron cifras diferentes sobre las ofertas realizadas durante el conflicto, pero coinciden en que implicaban un salto muy significativo respecto de los alrededor de 500 euros mensuales que pagaba Maricarmen y que resultaba difícilmente compatible con sus ingresos como jubilada.

Después de varios intentos frustrados, el 23 de septiembre la Justicia ejecutó finalmente el desahucio. Maricarmen, con problemas de movilidad, salió de la vivienda en una camilla mientras cientos de personas intentaban impedir el operativo. Fue trasladada al hospital Gregorio Marañón.

Las imágenes recorrieron España.

De un desahucio a una protesta nacional por la vivienda

El caso rápidamente dejó de ser solamente el de Maricarmen. Manifestaciones en distintas ciudades comenzaron a utilizar su historia como símbolo de un problema mucho más amplio: la dificultad creciente para acceder a una vivienda y permanecer en ella.

Miles de personas se movilizaron y en Madrid comenzó una acampada en la Puerta del Sol impulsada inicialmente por el Sindicato de Inquilinas. Los manifestantes reclamaron impedir los desahucios sin alternativa habitacional, congelar alquileres, regular los contratos temporales y de habitaciones y ampliar la duración de los contratos.

Los datos permiten entender por qué el caso encontró semejante repercusión. Según cifras recogidas por el propio decreto del Gobierno, el 26,8% de los hogares españoles que alquilaban a precios de mercado en 2025 destinaban más del 40% de sus ingresos al alquiler, frente al 18,6% de promedio de la Unión Europea. A eso se suma un fuerte aumento del precio de la vivienda: el incremento interanual llegó al 12,9% en el cuarto trimestre de 2025.

El problema también tiene una dimensión de oferta. El déficit acumulado de viviendas fue estimado en unas 755.000 unidades y podría superar el millón hacia 2028 si continúa la diferencia entre la creación de nuevos hogares y la construcción de nuevas viviendas.

Así, una disputa iniciada siete décadas antes terminó conectando con uno de los principales problemas sociales de la España actual.

Qué fue el "decreto Maricarmen"

La presión llegó rápidamente al Gobierno de Pedro Sánchez. El 29 de septiembre, apenas seis días después del desahucio, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas extraordinarias que terminó dividido en dos reales decretos-ley.

El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, contenía la mayor parte de las medidas. Entre ellas establecía una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler que vencieran antes de finales de 2028, siempre que el inquilino estuviera al día con los pagos. Durante ese período debían mantenerse las condiciones existentes del contrato.

También limitaba hasta finales de 2027 las actualizaciones de los alquileres: cuando el precio ya estuviera por encima del índice oficial de referencia no podía incrementarse y, en los demás casos, la actualización quedaba limitada al 2% si propietario e inquilino no llegaban a otro acuerdo.

La norma avanzaba además sobre uno de los mecanismos que se expandieron en los últimos años para eludir las regulaciones del alquiler permanente: los contratos temporales y por habitaciones. Establecía que debía existir una causa real y acreditable para justificar la temporalidad y que la suma del alquiler de todas las habitaciones no podía superar el precio correspondiente al alquiler de la vivienda completa.

El paquete incluía además medidas contra operaciones inmobiliarias especulativas, incentivos fiscales y mecanismos destinados a ampliar la vivienda asequible.

El segundo decreto y los contratos de alquiler

El Gobierno decidió separar una de las reformas más conflictivas en un segundo decreto, el Real Decreto-ley 27/2026.

La propuesta modificaba profundamente la duración de los alquileres. Cumplidos los primeros cinco años de contrato - o siete cuando el propietario fuera una persona jurídica - si ninguna de las partes comunicaba su decisión de finalizarlo, el contrato debía renovarse automáticamente por otros cinco o siete años.

El propietario podía negarse a renovar, pero debía comunicarlo con seis meses de anticipación y, salvo determinadas excepciones, indemnizar al inquilino con al menos el equivalente a doce mensualidades del alquiler de una vivienda similar.

La indemnización no se aplicaría, entre otros casos, cuando el propietario necesitara la vivienda para sí mismo o determinados familiares, cuando el inquilino no residiera efectivamente allí o cuando dispusiera de otra vivienda adecuada en el mismo municipio.

Era una modificación relevante de la lógica del sistema: la continuidad del alquiler pasaba a convertirse en la regla y la finalización por decisión del propietario implicaba, en determinadas circunstancias, un costo económico.

Maricarmen recuperó su casa, pero la protesta continuó

Mientras se discutían las nuevas reglas, el caso particular que había disparado el conflicto tuvo una resolución.

Maricarmen aceptó un acuerdo con la empresa propietaria que le permitirá regresar a su vivienda después de recibir el alta hospitalaria. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid participó como mediadora.

El nuevo contrato tendrá una duración de ocho años y el alquiler no podrá superar el 30% de los ingresos netos de Maricarmen, por lo que debería mantenerse cerca de los aproximadamente 500 euros que pagaba anteriormente.

La solución individual, sin embargo, no frenó las protestas. El Sindicato de Inquilinas sostuvo que el conflicto había dejado de ser únicamente por Maricarmen y mantuvo la movilización para reclamar cambios estructurales en el mercado del alquiler.

Junts rompe la mayoría y caen los decretos

Los decretos entraron inmediatamente en vigor, como permite la Constitución española, pero necesitaban ser convalidados por el Congreso para continuar vigentes.

Ahí apareció el problema político. El Gobierno de Sánchez no tiene mayoría propia y depende de una compleja alianza parlamentaria que incluye a partidos nacionalistas e independentistas. Los siete diputados de Junts, el partido de Carles Puigdemont, volvieron a resultar decisivos.

Junts argumentó que algunas de las medidas podían reducir la oferta disponible de alquiler y aumentar los precios, y reclamó retirar los decretos para negociar otros textos. El Gobierno se negó y llevó las dos normas a votación.

El resultado fue una doble derrota. El Real Decreto-ley 26/2026 cayó por 178 votos contra 172. El segundo, referido fundamentalmente a la estabilidad de los contratos, perdió por un margen todavía mayor: 184 contra 166. El Boletín Oficial del Estado publicó ese mismo viernes la resolución del Congreso que derogó el primero de los decretos.

De esa manera dejaron de tener vigencia medidas que apenas habían durado unos días: las nuevas protecciones frente a determinados desahucios, las prórrogas extraordinarias de alquiler, las limitaciones a las actualizaciones de renta y las nuevas regulaciones sobre contratos temporales, entre otras.

De la crisis de vivienda a la crisis del Gobierno de Sánchez

La derrota tiene una consecuencia que excede ampliamente la política habitacional. El Gobierno depende desde el comienzo de la legislatura de acuerdos parlamentarios con fuerzas muy diferentes entre sí. El voto de Junts junto al PP y Vox mostró nuevamente que Sánchez carece de una mayoría estable para aprobar algunas de sus principales iniciativas.

La situación llevó al presidente español a evaluar un adelanto de las elecciones generales. Según informó elDiario.es citando fuentes del Gobierno, Sánchez tomará una decisión durante el fin de semana. Si optara por disolver las Cortes inmediatamente, una de las fechas posibles para los comicios sería el 29 de noviembre.

El propio Sánchez intervino inesperadamente en el Congreso minutos antes de la votación para intentar evitar la derrota. "Las medidas son ambiciosas, necesarias, razonables, diseñadas a través del diálogo", defendió el presidente, que reconoció que los decretos no solucionaban por sí solos la crisis habitacional pero sostuvo que podían mitigarla.

En menos de diez días, por lo tanto, el desalojo de una jubilada madrileña terminó recorriendo todo el sistema político español: provocó movilizaciones, obligó al Gobierno a legislar de urgencia, modificó temporalmente las reglas del mercado de alquiler y finalmente expuso nuevamente la fragilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez.

Maricarmen volverá a su casa. El problema que convirtió su historia en un símbolo, en cambio, continúa abierto.

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