02.10.2026 / ARCHIVO
Los antecedentes del macrismo que animaron a Milei a eliminar las restricciones establecidas por la Ley de Tierras
Los cambios introducidos durante el macrismo flexibilizaron los controles sobre la propiedad extranjera y sirvieron de antecedente para la derogación de la Ley de Tierras impulsada por Milei. Las medidas del macrismo que condujeron hasta el último fallo de la Corte Suprema.
Desde la sanción de la Ley de Tierras en 2011, la administración de Mauricio Macri habilitó a grandes rasgos la quita de límites por parte de Javier Milei al proceso de extranjerización de las tierras rurales de Argentina. Durante el macrismo, los cambios alteraron tanto las condiciones para registrar operaciones como la intervención del Estado para controlar la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
La Ley 26.737, sancionada durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, estableció un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, fijó un tope de 1.000 hectáreas para la zona núcleo y creó el Registro Nacional de Tierras Rurales. También estableció controles específicos para las operaciones que involucraran cuerpos de agua y buscó impedir que el cambio de accionistas de una sociedad se utilizara para eludir las restricciones. Sin embargo, en 2023, Milei derogó la normativa mediante el artículo 154 del DNU 70/2023.
Flexibilización
Para comprender la gravedad del asunto es necesario remontarse al 2016, cuando el expresidente Macri emitió el Decreto 820/2016, que modificó la reglamentación de la ley y flexibilizó varios de sus controles. Entre otros puntos, eliminó la obligación de tramitar un nuevo certificado cuando una sociedad propietaria de tierras atravesaba una reorganización, lo que permitía que las acciones fueran transferidas a extranjeros sin que el Registro tomara conocimiento según detallaron luego fuentes jurídicas; además de introducir un mecanismo de aprobación tácita para determinadas consultas sobre la existencia de cuerpos de agua.
El marco fue propicio para avanzar con dichas modificaciones. El discurso oficial que alentaba los cambios era el del entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien, durante el debate de la norma en 2011, había sostenido que “nuestro país y el desarrollo de las diversas regiones depende fuertemente de las inversiones, nacionales o extranjeras” y planteado que la ley debía ser “drásticamente modificada”.
Simpatía con magnates extranjeros
Más tarde se volvió explícita la estrecha relación entre Mauricio Macri y algunos de los principales propietarios extranjeros del territorio nacional. Entre ellos aparece el magnate británico Joe Lewis, dueño de unas 38.000 hectáreas en Río Negro donde se encuentra el acceso restringido a Lago Escondido. Su vínculo es de público conocimiento e incluyó estadías del expresidente en su propiedad y declaraciones en defensa del empresario frente a los reclamos por el acceso al lago.
Otro de los casos que marcó aquellos años fue el de Luciano Benetton, cuya empresa Compañía de Tierras del Sud Argentino posee alrededor de 1,1 millones de hectáreas en el país, según advirtió este año el Observatorio de Tierras del CONICET. En 2017, el reclamo de comunidades originarias por el acceso al territorio en Chubut derivó en la represión por parte de Gendarmería, a cargo de la cartera de Seguridad, entonces en manos de Patricia Bullrich.
La familia Tompkins es otro de los grandes apellidos que llegaron a controlar extensas superficies en Corrientes y capitales vinculados a sociedades offshore. Tras la muerte de Douglas Tompkins, su viuda, Kristine Tompkins, concretó la donación de unas 150.000 hectáreas al Estado argentino para la creación de áreas protegidas.
Mauricio Macri la recibió en la Casa Rosada al asumir su presidencia y destacó públicamente la cesión de esas tierras, que junto con terrenos aportados por la provincia de Corrientes permitieron avanzar en la conformación del Parque Nacional Iberá. Dicha acción le permitió al Gobierno valerse de ese caso para cambiar la visión sobre la presencia de capitales extranjeros sobre grandes extensiones de tierra.
Cuánta tierra extranjera queda en el país
Un informe reciente del Observatorio de Tierras alertó que 36 departamentos del país exceden actualmente el límite establecido por la Ley de Tierras y que cuatro de ellos superan el 50%. Según los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales utilizados por el organismo, unas 13 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. Julieta Caggiano, socióloga e integrante del equipo que elaboró el informe, señaló que la derogación de la ley “quita los límites para el sujeto más importante que adquiere tierras en nuestro país: las empresas y los fondos de inversión”.
Entre los casos más recientes aparece además una gran presencia de capitales árabes en la Patagonia: el emir de Qatar Tamim bin Hamad Al Thani adquirió 10.000 hectáreas cerca del río Villegas y desarrolló allí un centro de esquí con participación del extenista Gastón Gaudio, mientras que otras inversiones en Río Negro están vinculadas a empresarios de Emiratos Árabes Unidos.
Ese camino trazado desembocó finalmente en el gobierno de Milei, que en diciembre de 2023 eliminó mediante el DNU 70/2023 la Ley de Tierras Rurales, una medida que fue declarada inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata a partir del recurso presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que esta semana fue considerado por la Corte Suprema como insuficiente para avanzar con ese planteo.
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