08.09.2026 / REPERCUSIONES
Denunciaron a la jueza que frenó la aplicación de la ley que baja la imputabilidad a los 14 años
Presentaron una denuncia penal contra Marta Elba Pascual, la jueza que había suspendido durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La entidad la acusó de usurpación funcional y abuso de autoridad.
La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, fue denunciada penalmente por suspender durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece en 14 años la edad de imputabilidad. La presentación fue realizada por la asociación civil Usina de Justicia, que le atribuyó los delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.
La denuncia se produjo luego de que Pascual hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de libertad. La magistrada resolvió frenar temporalmente la aplicación del régimen ante el planteo sobre las consecuencias que la nueva normativa podía generar sobre los adolescentes alcanzados por el sistema penal juvenil y, en particular, sobre las condiciones de privación de libertad.
La medida buscó evitar durante 60 días la aplicación de las nuevas disposiciones mientras se analizaban sus posibles efectos sobre los adolescentes, entre ellos la incorporación al régimen penal de los jóvenes de 14 y 15 años.
Por qué denunciaron a Pascual
Usina de Justicia cuestionó la decisión y sostuvo que la jueza se basó en un escenario hipotético, ya que, según la entidad, “no existe una lesión de derechos en forma concreta, ni tampoco existe un peligro inminente de que ello suceda”.
Uno de los principales argumentos de la denuncia apunta justamente a que Pascual haya suspendido una ley penal sancionada por el Congreso. Usina de Justicia sostuvo que la resolución es “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y que “viola la División de Poderes base del sistema democrático e implica un claro abuso de autoridad”. Según consideran, un magistrado no puede suspender, por pedido de una de las partes o de oficio, los efectos de una norma penal de fondo.
La organización también rechazó que el nuevo régimen vaya a provocar necesariamente un aumento considerable de adolescentes privados de libertad. Señaló que la normativa establece un máximo de 15 años para las penas de prisión de personas adolescentes, prohíbe la prisión perpetua y contempla medidas alternativas a la cárcel, además de permitir el reemplazo de una pena de prisión ya dictada.
Al cierre, Usina de Justicia cuestionó que la suspensión genere un tratamiento diferente dentro del país y sostuvo que durante esos 60 días los menores de 14 años que cometan delitos en territorio bonaerense “no serán imputables”. Por eso consideró que la resolución es “equiparable al dictado de alguna especie de amnistía de manera impropia”.
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