Manuel Adorni consiguió 15 días adicionales para presentar su descargo sobre su patrimonio, luego de que el juez federal Ariel Lijo aceptara el pedido realizado por el exjefe de Gabinete, quien debía responder por 20 inconsistencias señaladas por el fiscal Gerardo Pollicita en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Asimismo, Lijo autorizó a la defensa a acceder a archivos incorporados a la causa, entre ellos documentación surgida del teléfono de Matías Tabar, aunque mantuvo vigentes los plazos del expediente.
El acceso a ese material había sido solicitado para que Adorni pudiera preparar su descargo. Tabar, contratista y testigo clave de la investigación, aparece vinculado a trabajos de remodelación por u$s245.000 en una propiedad del exvocero y su esposa. La copia del material autorizado por Lijo se realizará este miércoles 26 de agosto.
Qué explicaciones pide la Justicia
La Fiscalía había solicitado a Adorni que respondiera 20 puntos vinculados con el origen y la evolución de su patrimonio y el de su grupo familiar. Entre ellos aparecen
los dólares declarados en efectivo, préstamos atribuidos a familiares, la compra de un Jeep, operaciones inmobiliarias, fondos utilizados para remodelaciones y gastos cotidianos, movimientos bancarios y financieros, operaciones con criptomonedas y pagos realizados por terceros.
Uno de los ejes de la intimación está puesto en el lote y la vivienda del Country Indio Cuá, donde se investiga tanto el origen del dinero utilizado para adquirir el terreno como los fondos destinados a la construcción y posterior remodelación. También deberá explicar la compra del departamento de Miró 550, los muebles abonados en dólares y efectivo y la forma en que fueron afrontados distintos gastos del grupo familiar.
El requerimiento también incluye 20 comprobantes por más de $6 millones cuyos pagos no pudieron ser conciliados con cuentas bancarias, tarjetas o plataformas, además de 16 facturas por más de $2 millones cuyos importes no coincidirían con los pagos registrados. En ese sentido, la Fiscalía pidió precisiones sobre deudas con el Banco Galicia, honorarios notariales, consumos realizados con tarjetas vinculadas a terceros, una facturación superior a $4 millones de una concesionaria y acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo.
La investigación se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano por un presunto enriquecimiento ilícito y luego sumó ampliaciones de Pagano y de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Tras analizar documentación patrimonial, bancaria, fiscal y financiera, además de información sobre activos virtuales y testimonios, Pollicita concluyó que había elementos suficientes para requerirle a Adorni explicaciones sobre 20 inconsistencias patrimoniales.