El Sector Público Nacional registró en julio un superávit primario de $2.960.333 millones y un resultado financiero positivo de apenas $244.897 millones. En el acumulado de los primeros siete meses del año, el superávit primario llegó a aproximadamente 0,9% del PBI, mientras que el financiero se ubicó en apenas 0,1%. La cifra vuelve a poner en discusión el alcance del principal argumento económico del Gobierno de Javier Milei.
El dato adquiere otra dimensión al observar el peso de la deuda. Durante julio, el pago de intereses de la deuda pública netos de tenencias intrasector público alcanzó los $2.715.436 millones. Es decir, los intereses representaron una suma más de diez veces superior al resultado financiero informado para el mes. El Gobierno justificó el desempeño al señalar que julio tuvo “una alta concentración de vencimientos de intereses de deuda”, vinculados al pago de cupones de bonos Globales y Bonares.
Mientras tanto, el gasto primario cayó 7% interanual en términos reales. Las prestaciones sociales alcanzaron $8.687.144 millones, con un aumento nominal del 22,9%, mientras que las remuneraciones llegaron a $2.178.520 millones y las transferencias corrientes sumaron $4.766.318 millones. Dentro de estas últimas, las destinadas a universidades aumentaron 44,9% interanual, en línea con las decisiones adoptadas por el Congreso.
El recorte también convivió con un aumento de partidas específicas. Los subsidios económicos alcanzaron $1.180.615 millones, de los cuales $874.568 millones correspondieron a energía y $305.189 millones a transporte. A su vez, el gasto de capital llegó a $280.951 millones, con incrementos en infraestructura eléctrica, transporte y obras hídricas.
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo defendió el resultado y sostuvo que “el superávit fiscal, que contribuye a la estabilidad macroeconómica, se alcanzó en el marco de una reducción de impuestos acumulada de casi 3% del PIB desde el inicio de la gestión”. Sin embargo, detrás del número positivo aparece un resultado financiero que apenas representa 0,1% del PBI y que queda fuertemente condicionado por el costo de la deuda. El dato vuelve a mostrar que la celebrada motosierra fiscal tiene un límite concreto: cuando llegan los vencimientos, buena parte del esfuerzo sobre el gasto termina absorbido por los intereses.