Mamdani enfrenta a Amazon y busca terminar con la subcontratación de repartidores

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, abrió un nuevo frente con Amazon al respaldar un proyecto que busca modificar el modelo laboral utilizado por la compañía para sus entregas de última milla. La iniciativa apunta a que grandes empresas de comercio electrónico y logística asuman responsabilidad directa sobre los repartidores que actualmente trabajan para compañías subcontratadas.

La denominada Delivery Protection Act (Ley de Protección de Entregas), impulsada por la concejala Tiffany Cabán y actualmente bajo análisis del Concejo de Nueva York, establecería controles municipales sobre los centros de distribución de última milla, nuevas normas de seguridad y protección laboral y obligaciones para las empresas que controlan esas operaciones.



El centro de la disputa es el sistema utilizado por Amazon para distribuir millones de paquetes: buena parte de sus repartidores no son empleados directos de la multinacional, sino trabajadores contratados por empresas conocidas como Delivery Service Partners (DSP). La administración de Mamdani sostiene que ese esquema permite que las grandes compañías ejerzan un importante control sobre las entregas mientras trasladan a terceros las responsabilidades laborales y legales.

Cómo funciona el modelo de subcontratación de Amazon

Los centros de "última milla" son los depósitos donde los paquetes son clasificados antes del tramo final hasta los hogares. Desde 2017 se inauguraron al menos 18 grandes instalaciones de este tipo en Nueva York, 11 de ellas desde 2020, en paralelo con el crecimiento acelerado del comercio electrónico.

Aunque compañías como Amazon no contratan necesariamente a los conductores que trabajan desde esos centros, las autoridades neoyorquinas sostienen que mantienen un control significativo sobre las operaciones, los lugares de trabajo y las tareas de los repartidores. La legislación pretende cerrar precisamente esa distancia entre quién controla el trabajo y quién aparece formalmente como empleador.

"Las grandes empresas como Amazon han construido una gran red de subcontratas que entregan sus paquetes mientras ellos se blindan de cualquier responsabilidad", sostuvo Mamdani al presentar públicamente su apoyo al proyecto.

Según el alcalde, el crecimiento de estos centros estuvo acompañado por problemas de seguridad vial y lesiones laborales. Para su administración, las compañías que obtienen beneficios económicos de las entregas deben asumir también responsabilidad por las condiciones en las que se realizan.

Qué cambiaría la Delivery Protection Act

La iniciativa presentada por Cabán establecería un régimen municipal de licencias para determinadas instalaciones de última milla y fijaría requisitos vinculados con seguridad, capacitación y condiciones laborales. Uno de sus puntos centrales busca responsabilizar a las grandes corporaciones por los trabajadores utilizados para realizar sus entregas, en lugar de permitir que esa relación quede exclusivamente en manos de empresas contratistas.

El proyecto cuenta con respaldo sindical. Entre las organizaciones que impulsaron la iniciativa se encuentran los Teamsters y otros sindicatos vinculados con trabajadores de logística y distribución. Cabán presentó originalmente la propuesta como una legislación destinada simultáneamente a mejorar la seguridad en las calles y las condiciones laborales del sector.

De aprobarse, Nueva York podría convertirse en la primera ciudad de Estados Unidos en establecer una regulación de este alcance sobre las operaciones de reparto de última milla.

Amazon resiste el proyecto y advierte por los empleos

Amazon rechaza la iniciativa y sostiene que podría aumentar considerablemente sus costos de operación. La compañía argumenta además que el modelo de socios de reparto sostiene miles de puestos de trabajo y pequeñas empresas locales que podrían verse afectados si las nuevas reglas entran en vigencia.

La disputa también llegó al terreno político. Los sindicatos que respaldan la ley estiman que Amazon destinó más de 5 millones de dólares a una campaña para frenar el proyecto, que incluyó publicidad televisiva.

Un estudio encargado por un grupo financiado por Amazon estimó, por su parte, que la normativa podría incrementar hasta 5,20 dólares el costo de cada paquete y representar unos 664 dólares adicionales por año para un hogar neoyorquino. Las cifras forman parte de los argumentos utilizados por los sectores empresariales que se oponen a la regulación.

Representantes empresariales también plantearon ante el Concejo que el régimen de licencias y las nuevas obligaciones laborales podrían reducir la flexibilidad de las compañías, aumentar los costos y desalentar inversiones en instalaciones logísticas dentro de la ciudad.

La discusión excede así las condiciones laborales de los repartidores y pone en debate uno de los pilares del modelo logístico que permitió la expansión del comercio electrónico: hasta dónde una empresa puede controlar la forma en que se presta un servicio sin convertirse jurídicamente en empleadora de quienes realizan el trabajo.

Con el respaldo de Mamdani, esa discusión ingresó ahora de lleno en la agenda política de Nueva York. Si el Concejo aprueba la Delivery Protection Act, el resultado podría convertirse además en un antecedente para otras ciudades estadounidenses que buscan regular las nuevas formas de contratación vinculadas con las grandes plataformas.

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