El Senado abre este miércoles el debate del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como
Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción y que el oficialismo busca convertir en ley durante agosto. La discusión arranca en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversiones y Legislación General, encabezadas por los senadores libertarios Agustín Monteverde y Nadia Márquez junto al macrista Martín Goerling Lara.
El cronograma oficialista prevé tres reuniones informativas, la primera de ellas este miércoles con la exposición de funcionarios del Ministerio de Economía, que expondrán los alcances del proyecto. El objetivo del Gobierno es cerrar el dictamen en un plazo de tres semanas y, en ese lapso, negociar con el PRO, la UCR y bloques provinciales los votos necesarios para la aprobación.
Cabe mencionar que la negociación se dará luego de que figuras del radicalismo y las provincias rechazaran varios de los capítulos más sensibles del paquete de Inviolavilidad Privada, el pasado jueves. Si bien, el Ejecutivo confía en reunir los números suficientes, tras lo ocurrido con el capítulo que buscaba modificar los límites vigentes para la venta de tierras a extranjeros los respaldos legislativos se mantienen en suspenso.
En qué consiste
El proyecto amplía el esquema del RIGI vigente y apunta a sectores que todavía no se desarrollan en el país o que están en una etapa incipiente, como la industrialización de litio y uranio, la biotecnología, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, los semiconductores y la inteligencia artificial. Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de US$1.000 millones, cinco veces más que el piso exigido por el RIGI actual.
A cambio de ese umbral más alto, el Estado ofrece condiciones todavía más favorables que las del régimen original: 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, una alícuota reducida del 15% en Ganancias para las sociedades creadas para cada proyecto, amortización acelerada y una tasa de apenas 3,5% sobre dividendos. Se suman además la eliminación de derechos de importación y exportación y una contribución patronal única del 10% para los nuevos empleos generados.
El esquema también flexibiliza exigencias que regían en la versión anterior: elimina la obligación de destinar un piso del 20% de la inversión a proveedores locales, salvo que existan condiciones equivalentes a las internacionales, y limita la presión tributaria de provincias y municipios con un tope del 0,5% para Ingresos Brutos y la prohibición de crear nuevos gravámenes locales sobre estos proyectos.