
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno volvió a escalar en los tribunales. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas de todo el país, solicitó la habilitación de la feria judicial para que avance la causa por el financiamiento universitario y la Justicia dicte una sentencia definitiva sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El planteo fue presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal de turno con el objetivo de evitar que el expediente permanezca paralizado durante el receso invernal. Desde el sistema universitario sostienen que el conflicto ya no se limita a la discusión sobre la constitucionalidad de la norma, sino también al incumplimiento de una medida cautelar que la Corte Suprema dejó firme hace un mes.
A fines de junio, el máximo tribunal confirmó la resolución que ordenó al Estado nacional aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, según denuncian las universidades, esas obligaciones todavía no fueron cumplidas por el Poder Ejecutivo.
La presentación fue impulsada por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del CIN. En el escrito cuestionó la demora del Gobierno para ejecutar tanto la ley sancionada por el Congreso como las resoluciones judiciales que ordenaron su aplicación. "Desde agosto de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026", sostuvo Bartolacci.
El rector también acusó al Ejecutivo de haber desplegado distintas estrategias procesales para dilatar el expediente. "El PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo", afirmó en la presentación judicial. Ahora será el fiscal de feria quien deberá pronunciarse sobre el pedido de habilitación antes de que el juez Martín Cormick resuelva si el expediente continuará tramitándose durante el receso judicial.
Además de exigir el cumplimiento de la cautelar, las universidades buscan que la Justicia resuelva definitivamente el conflicto y declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la existencia de una fuente específica de recursos, criterio que también utilizó para limitar la ejecución de otras leyes aprobadas por el Congreso. Desde el CIN sostienen que el acta firmada en junio entre el Gobierno y las universidades para reforzar partidas destinadas a salarios, funcionamiento y hospitales universitarios no reemplaza el cumplimiento de la ley ni de las resoluciones judiciales vigentes.
Con ese argumento, los rectores buscan que la Justicia aproveche la feria para avanzar sobre el fondo del conflicto y ponga fin a una disputa que, según sostienen, mantiene paralizado el cumplimiento efectivo de una norma que el Congreso aprobó hace casi un año y cuya aplicación parcial ya fue respaldada por la Corte Suprema.