
El consumo de carne vacuna en la Argentina tocó en mayo su nivel más bajo en veinte años: 47,5 kilos por habitante al año, con una caída del 6,1% interanual, según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra). El derrumbe no es un dato aislado, sino la postal más visible de un proceso que el propio sector privado intenta resolver con alternativas cárnicas cada vez más alejadas de la tradición del asado argentino.
La más reciente es la carne de búfalo. Según informó Infobae, la Compañía Federal de Alimentos lanzó este mes Buar, una marca propia que apunta a instalar el producto en supermercados y plataformas de delivery. El argumento comercial combina precio y salud: cuesta entre un 15% y un 20% menos que la carne vacuna, tiene 45% menos calorías, 88% menos grasa total y 90% menos grasas saturadas, según un estudio del INTA.
El sector proyecta capturar entre el 5% y el 7% del consumo anual de proteína en un plazo de cinco a diez años, con un rodeo nacional que ya supera las 200.000 cabezas, concentradas en el Noreste argentino.
Un patrón que se repite
La aparición del búfalo como sustituto de la carne vacuna no ocurre en el vacío. En abril, la noticia que circuló fue otra: una carnicería de Trelew, Chubut, comenzó a vender carne de burro a 7.500 pesos el kilo, frente a los 25.000 pesos que podía costar un corte vacuno equivalente.
El entonces diputado Santiago Igón llevó el dato al Senado para graficar la pérdida de poder adquisitivo de las familias argentinas durante un plenario de comisiones. La respuesta que recibió no vino de una negación del fenómeno, sino de una reivindicación: la senadora jujeña de La Libertad Avanza, Vilma Bedia, defendió el consumo de carne de burro como una opción gastronómica de valor, calificándola de "plato fino" y destacando su aporte de aminoácidos, hierro y calcio.
El episodio, que algunos medios bautizaron como el "burro gate", generó controversia no solo por la connotación social de la noticia -la carne de burro no figura entre las especies habilitadas para faena y comercialización en el circuito formal argentino-, sino porque expuso una tensión incómoda para el oficialismo: mientras el Gobierno nacional sostiene que la economía está en proceso de recuperación, la viralización de alternativas cárnicas no convencionales funcionaba como termómetro de una crisis de consumo que diversos sectores, incluida la oposición, vincularon directamente con la pérdida de ingresos de las familias.
La diferencia entre un caso y el otro
A diferencia del burro, la carne de búfalo cuenta con marco legal, trazabilidad productiva y respaldo de un organismo público como el INTA, además de una cadena comercial organizada con marca, packaging y distribución en cadenas de supermercados. No se trata de una rareza viral ni de un experimento aislado, sino de una apuesta de mediano plazo de una empresa con escala nacional.
Sin embargo, el contexto que explica su llegada al mercado es el mismo que impulsó al burro como noticia hace dos meses: un consumo de carne vacuna que no logra revertir su caída.
Los números de la Ciccra son elocuentes. En los primeros cinco meses del año, el consumo aparente de carne vacuna bajó 11,1% en términos anuales, con una absorción doméstica de casi 107 mil toneladas menos que en el mismo período de 2025. La entidad atribuye la caída a la pérdida de poder adquisitivo frente a precios que subieron 57,9% en el último año, muy por encima de la inflación general del 33,2%. La comparación con otras proteínas grafica el fenómeno: hoy se necesitan 3,8 kilos de pollo para comprar el equivalente a un kilo de asado, un 20,8% más que un año atrás.
El búfalo y el burro responden a lógicas distintas -uno es un proyecto empresarial con aval científico y circuito legal, el otro fue una experiencia local con cuestionamientos sanitarios- pero ambos casos comparten un mismo telón de fondo: la carne vacuna, símbolo histórico del consumo popular argentino, se volvió un bien cada vez más inaccesible para buena parte de la población.
Que el mercado empiece a ofrecer sustitutos cárnicos como respuesta estructural, y no como anécdota, sugiere que la recomposición del poder adquisitivo de las familias sigue siendo, para el Gobierno nacional, una promesa pendiente más que un hecho consumado.