18.06.2026 / ADORNI GATE
Del country a las criptomonedas: la Justicia abre nuevos frentes en la causa que complica a Adorni
Pollicita ordenó una batería de medidas para reconstruir el patrimonio del jefe de Gabinete. Pidió información sobre familiares, proveedores, gastos millonarios y el circuito cripto que Adorni invocó para justificar un incremento patrimonial bajo sospecha. La polémica compra de 8 millones en una casa de decoración de interior.
Lejos de disipar las dudas sobre el origen de su patrimonio, las explicaciones públicas de Manuel Adorni parecen haber multiplicado las preguntas. En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una nueva batería de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga al jefe de Gabinete y a su esposa, Bettina Angeletti. La resolución amplía considerablemente el alcance del expediente y abre nuevos frentes de investigación sobre bienes, gastos, movimientos patrimoniales y posibles vínculos familiares que podrían ayudar a reconstruir el circuito económico del funcionario.
Una de las medidas más relevantes apunta a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, quien también es investigado en otra causa judicial. Pollicita solicitó una certificación integral de ese expediente, incluyendo las personas involucradas, los hechos investigados y cualquier referencia a bienes familiares, dinero en efectivo o cuestiones sucesorias que puedan guardar relación con el patrimonio bajo análisis.
La fiscalía también puso la lupa sobre la actividad laboral de Adorni y de su esposa durante los años previos a su desembarco en la función pública. Para ello, pidió al Gobierno porteño toda la documentación vinculada a los trabajos que ambos habrían desempeñado en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023, incluyendo funciones, honorarios percibidos y eventuales declaraciones juradas patrimoniales.
Otro de los focos está puesto en la vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, una de las propiedades que quedaron bajo observación luego de conocerse las millonarias refacciones realizadas en el lugar. El fiscal solicitó los registros completos de ingresos y egresos correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. El objetivo es identificar a proveedores, contratistas, transportistas y empresas que hayan intervenido en trabajos de remodelación, además de reconstruir el ingreso de muebles, electrodomésticos y otros bienes adquiridos para la propiedad.
La investigación también alcanzó a Silvia Pais, madre del funcionario. La fiscalía pidió información para determinar si reside actualmente en el barrio privado Fincas de Iraola II y, en caso afirmativo, bajo qué modalidad ocupa el inmueble. En particular, se solicitó documentación sobre contratos de alquiler, montos abonados, modalidad de pago y comprobantes de expensas. Entre las nuevas medidas aparece además una compra que llamó especialmente la atención de los investigadores. A partir del análisis del teléfono celular del contratista Matías Tabar, Pollicita solicitó información a la firma Rosen The Store sobre una factura emitida por más de 8 millones de pesos a nombre de Gisela Kocsis.
La fiscalía busca determinar quién realizó el pago, qué instrumento financiero se utilizó y cuál fue el destino final de los productos adquiridos. Pero uno de los capítulos más sensibles de la investigación sigue siendo el universo de las criptomonedas, el argumento que Adorni eligió para justificar gran parte del incremento de su patrimonio.
Luego de reconocer públicamente que obtuvo ganancias por cientos de miles de dólares a través de inversiones en Bitcoin y de admitir la existencia de "ahorros en negro" provenientes de su actividad privada, Pollicita decidió ampliar la pesquisa y solicitó a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento completo de las empresas, plataformas, exchanges y billeteras virtuales que operaron en la Argentina desde 2012 hasta la actualidad.
El pedido incluye un detalle año por año de las entidades registradas, sus antecedentes regulatorios y la normativa vigente en cada período, con el objetivo de reconstruir el contexto en el que habrían ocurrido las operaciones mencionadas por el funcionario.
Las nuevas medidas llegan en un momento particularmente delicado para Adorni. Lo que comenzó como una demora de más de tres meses en la presentación de su declaración jurada derivó en un escándalo político, judicial y patrimonial que no deja de escalar. Cada explicación pública del jefe de Gabinete parece abrir una nueva línea de investigación y sumar interrogantes sobre el origen y la evolución de sus bienes.
Mientras el fiscal avanza en la reconstrucción de su patrimonio, el expediente se acerca a una instancia clave: el requerimiento formal de justificación patrimonial, un paso previo a una eventual indagatoria si las respuestas del funcionario no logran despejar las inconsistencias detectadas por la Justicia.
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