
Lejos de despejar las dudas, la presentación de su declaración jurada terminó profundizando la crisis política y judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo que comenzó como una demora de más de tres meses para presentar la documentación patrimonial derivó en una tormenta de cuestionamientos que hoy amenaza con erosionar seriamente su continuidad en el cargo.
A medida que avanzan las investigaciones, el funcionario libertario enfrenta un escenario cada vez más complejo: la Justicia exige explicaciones, la oposición impulsa mecanismos institucionales para removerlo y hasta sectores que integran o acompañan al oficialismo comenzaron a tomar distancia de su defensa.
El frente judicial aparece como la amenaza más inmediata. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó a ARCA y a la Oficina Anticorrupción que remitan de manera urgente las declaraciones juradas de Adorni y todas las rectificaciones realizadas posteriormente. La intención es contrastar la documentación oficial con las explicaciones públicas brindadas por el funcionario, quien reconoció haber mantenido ahorros sin declarar y aseguró haber obtenido importantes ganancias mediante inversiones en Bitcoin que tampoco figuraban en sus presentaciones patrimoniales anteriores.
Las inconsistencias ya comenzaron a generar reparos entre especialistas en materia tributaria y penal económica. El exjuez Guillermo Tiscornia advirtió que la estrategia elegida por Adorni para justificar el origen de sus fondos podría terminar agravando su situación procesal. Según sostuvo, al admitir la existencia de dinero no declarado para explicar el crecimiento de su patrimonio quedó atrapado en una situación de difícil salida. "Se metió en una telaraña de la que difícilmente pueda escapar", resumió.
Mientras tanto, en el Congreso crece la presión política. Unión por la Patria, junto a otros bloques opositores, pidió una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de activar los mecanismos previstos en el artículo 101 de la Constitución Nacional y avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete.
Desde la oposición sostienen que Adorni no sólo debe explicar el origen de sus bienes sino también responder por las contradicciones detectadas entre sus declaraciones públicas y la información incorporada a los expedientes judiciales. "Le mintió a los argentinos y al Congreso", sostuvieron desde el bloque peronista al justificar el pedido. Sin embargo, el dato político más preocupante para el funcionario no proviene de la oposición sino de quienes hasta hace poco formaban parte de su propio círculo de respaldo.
La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las primeras en despegarse. Consultada sobre las explicaciones brindadas por Adorni, respondió sin rodeos: "No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones". Además, presionó para que adelante su informe de gestión ante el Senado y rechace la posibilidad de postergar su exposición hasta julio. La incomodidad también alcanzó al PRO. A través de un comunicado, el partido calificó la situación como una "falta grave" y cuestionó duramente el cambio de versión del jefe de Gabinete. "Un funcionario no puede decir que no ocultó nada y luego admitir que sí lo hizo", señalaron.
Patricia Bullrich también marcó diferencias al definir el episodio como una "omisión ética", mientras que desde la Unión Cívica Radical fueron todavía más contundentes: "Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado". Como si el panorama no fuera suficientemente delicado, durante los últimos días comenzaron a circular registros audiovisuales de entrevistas realizadas entre 2020 y 2022 en las que Adorni relativizaba su conocimiento sobre el mercado de criptomonedas. En esos videos afirmaba no estar particularmente involucrado con Bitcoin e incluso cuestionaba la idea de considerarlo una inversión tradicional.
Las imágenes chocan de frente con la explicación que hoy sostiene para justificar parte de su patrimonio, basada precisamente en inversiones tempranas y exitosas en criptomonedas realizadas más de una década atrás. Entre requerimientos judiciales, amenazas de censura parlamentaria, contradicciones públicas y un creciente aislamiento político, el jefe de Gabinete enfrenta probablemente el momento más delicado desde su desembarco en el Gobierno de Javier Milei.