27.05.2026 / AVANCE LIBERTARIO
Ludopatía, Súper RIGI, lobby y etiquetado frontal: el nuevo paquete de leyes que el Gobierno envió al Congreso
El Gobierno impulsó un nuevo paquete legislativo que plantea beneficios extraordinarios para grandes capitales, cambios sobre regulaciones sanitarias y una reforma insuficiente de apuestas online. El oficialismo mantiene el control de las comisiones para administrar los tiempos del debate y garantizarse margen de maniobra en ambas cámaras.
Los proyectos de ley para regular el lobby, crear el denominado "Súper RIGI", regular el juego online y derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos ingresaron formalmente al Congreso de la Nación. Al igual que instancias anteriores, el Gobierno nacional optó por enviar los primeros dos a la Cámara de Diputados, mientras que el último par ya está listo para tratarse en el Senado.
Con el Mundial de fútbol cada vez más cerca y la expectativa de una baja en la actividad parlamentaria, la administración de Javier Milei intentará manejar los tiempos del debate para evitar que sus proyectos pierdan impulso en el Congreso, donde además cuenta con el control de varias comisiones clave para marcar el ritmo de las discusiones.
SÚPER RIGI
El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones apunta a sectores estratégicos como energía y economía del conocimiento y establece beneficios fiscales especiales para proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares, con exigencias mínimas de desembolso durante los primeros dos años y un esquema que obliga a provincias y municipios a adherir para acceder al régimen.
El texto, además, dispone que cualquier normativa provincial o municipal que interfiera con los beneficios concedidos será considerada “nula de nulidad absoluta”, un punto que ya genera cuestionamientos por el alcance que tendría sobre las autonomías locales y la capacidad regulatoria de las jurisdicciones subnacionales.
LUDOPATÍA JUVENIL
En paralelo, el Gobierno busca avanzar con una ley de ludopatía digital centrada en combatir plataformas ilegales y restringir el acceso de menores a las apuestas online, aunque el proyecto evita prohibir la publicidad de las empresas habilitadas, uno de los ejes que habían quedado contemplados en la media sanción aprobada por Diputados en 2024 y que luego perdió estado parlamentario.
Desde la Coalición Cívica salieron a cuestionar con dureza la iniciativa oficial. La diputada Mónica Frade advirtió que el texto “no es de prevención sino de reafirmación de apoyo a las apuestas online”, por lo que "ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas”.
El proyecto establece penas de hasta seis años de prisión para operadores de plataformas ilegales y sanciones para quienes faciliten servicios financieros, tecnológicos o publicitarios a esos sitios, pero la única limitación sobre la promoción del juego legal se reduce a impedir mensajes que asocien las apuestas con éxito personal o aceptación social. “¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, cuestionó el diputado Maximiliano Ferraro.
ETIQUETADO FRONTAL Y LOBBY
Otro de los expedientes enviados por el Ejecutivo busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal aprobada en 2021, que obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos con exceso de sodio, azúcares, grasas o calorías y que había contado en su momento con un enfático respaldo parlamentario, incluso de sectores del PRO y la UCR que ahora deberán redefinir posición frente al nuevo escenario político.
La denominada Ley de Lobby, en tanto, crea un registro público obligatorio de gestores de intereses, exige declaraciones juradas y publicidad de las agendas de funcionarios, además de fijar incompatibilidades para ex integrantes del Estado que busquen intervenir en procesos de influencia privada, aunque la iniciativa quedó envuelta en ironías opositoras luego de que Manuel Adorni la presentara como una herramienta para “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas”.
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