Además de recortar fuertemente las áreas de Educación, Salud, Defensa, Parques Nacionales y Ciencia, el Gobierno nacional, encabezado por
Javier Milei, resolvió pasar la motosierra por áreas sensibles para sus aliados provinciales, una maniobra que trasluce el escaso compromiso que el Presidente mantiene con los últimos. El recorte en cuestión se realizó sobre obras públicas acordadas con gobernadores durante las negociaciones del Presupuesto y la reforma laboral, instancias en las que varios de ellos aportaron respaldo legislativo a cambio de recursos para llevarlas a cabo.
La poda fue oficializada a través de la decisión administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.
El pretexto del ajuste fue la caída de la recaudación tributaria y el deterioro de las cuentas públicas, en un escenario marcado por nueve meses consecutivos de retroceso real en los ingresos fiscales.
QUÉ PROYECTOS DIERON DE BAJA
Entre las obras alcanzadas aparece el Acueducto Vipos, en
Tucumán, que sufrió un recorte de $7.359 millones. También fueron eliminadas partidas por $4.713 millones para el sistema de agua potable de Concordia, en
Entre Ríos, y otros $4.284 millones destinados a la planta depuradora de Rafaela, en
Santa Fe.
En
Chubut, el Gobierno dio de baja fondos por $4.121 millones que estaban previstos para el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.
Catamarca también quedó afectada por el ajuste sobre la obra de la Ruta Nacional 38, pese al notable respaldo legislativo que el gobernador Raúl Jalil había garantizado al oficialismo durante el tratamiento del Presupuesto.
La reducción de partidas alcanzó además a otras provincias que mantuvieron una relación de cooperación parlamentaria con la Casa Rosada, como
Salta, Río Negro y Chaco.
En total, el recorte sobre transferencias y obras de infraestructura hídrica superó los $970.000 millones.
Aunque el impacto alcanzó a distritos aliados, la mayoría de los gobernadores evitó confrontar públicamente con la administración libertaria. En Santa Fe, sin embargo, la vocera del gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó el ajuste y advirtió sobre los recortes en áreas vinculadas al sistema sanitario y programas nacionales.
Los mandatarios más afectados por este asunto son Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz, quienes habían acompañado al oficialismo durante las negociaciones del Presupuesto y la reforma laboral. Mención especial para Alberto Weretilneck, que desde el inicio de la gestión libertaria respaldó la Ley Bases y los cambios laborales promovidos por el Gobierno.
Ignacio Torres y Rogelio Frigerio también quedaron impactados por la poda sobre obras públicas luego de haber mantenido una relación de cooperación con el Ejecutivo en distintas votaciones clave. Con algunas matices mediante, como las críticas de Frigerio a las retenciones, ambos gobernadores dejaron ver su inquietud ante el comunicado del PRO que toma distancia del oficialismo y, de hecho, el primero colaboró con el Presupuesto 2026.
En Santa Fe, Maximiliano Pullaro se mantuvo como uno de los mandatarios provinciales más críticos de la administración libertaria por la deuda previsional con la Caja de Jubilaciones santafesina y el freno a la obra pública nacional, aunque acompañó aspectos de la reforma laboral.
COPARTICIPACIÓN, AFUERA
La decisión oficial se produjo en paralelo a un fuerte deterioro de los recursos coparticipables. Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las transferencias automáticas a las provincias registraron una caída real del 5,6% durante el primer cuatrimestre de 2026, afectadas principalmente por la baja en la recaudación de IVA y Ganancias.
En ese contexto, el Gobierno reforzó el uso de mecanismos discrecionales de asistencia, como los Aportes del Tesoro Nacional y adelantos financieros para provincias. Mientras los giros automáticos perdieron peso, varias jurisdicciones quedaron más expuestas a negociaciones directas con la Casa Rosada para sostener sus cuentas y obras pendientes.