La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto, pondrá en marcha este miércoles el tratamiento de la
reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional con la exposición de la asesora oficialista y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar, en una jornada atravesada por diferencias entre La Libertad Avanza y sectores dialoguistas respecto a la eliminación de las PASO y el abordaje conjunto del proyecto de Ficha Limpia.
La principal discusión dentro del esquema opositor aliado gira en torno a la decisión del oficialismo de unificar en un mismo paquete legislativo todas las modificaciones electorales. El PRO, la UCR y bloques provinciales pretendían avanzar primero con Ficha Limpia, iniciativa que impide ser candidatos a dirigentes con condena en segunda instancia por delitos dolosos, pero la Casa Rosada resolvió mantener la discusión integrada.
El cambio de postura generó malestar en sectores que venían negociando con el oficialismo y complicó el escenario parlamentario para el Gobierno, que necesita mayoría absoluta para avanzar con una reforma electoral. Para aprobarla, La Libertad Avanza deberá reunir 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, números que todavía no tiene asegurados.
CLAVES DEL PROYECTO
Entre los puntos centrales del proyecto aparece la
eliminación de las PASO obligatorias, una medida que encuentra resistencias incluso entre aliados parlamentarios. Frente a ese panorama, el oficialismo ya analiza alternativas intermedias, como suspender las primarias únicamente para las elecciones de 2027 o quitarles el carácter obligatorio.
La iniciativa también propone
eliminar el financiamiento estatal de las campañas electorales, elevar el límite de aportes privados del 2% al 35% y terminar con la publicidad gratuita en medios de comunicación. Además, incorpora modificaciones a la Boleta Única de Papel para
sumar la opción de “boleta completa” y permitir la incorporación de categorías provinciales en elecciones concurrentes.
Otro de los cambios incluidos en el texto apunta al funcionamiento de los partidos políticos. El Gobierno busca elevar los requisitos para conservar el reconocimiento nacional, exigiendo presencia en al menos diez distritos y un piso de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral, además de eliminar la obligatoriedad de los debates presidenciales implementados en las últimas elecciones nacionales.