12.05.2026 / ESCÁNDALO EN EL BN
La Cámara Federal desplazó a Lijo y dejó la causa de créditos del Nación en manos de Capuchetti
El tribunal resolvió unificar las denuncias por presunto trato preferencial en créditos hipotecarios otorgados a funcionarios públicos y determinó que la investigación continúe en el Juzgado Federal N°5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, la jueza que investiga el atentado a Cristina Fernández.
La jueza María Eugenia Capuchetti ganó la pulseada a su colega Ariel Lijo con el gran aporte de la Cámara Federal porteña, que este martes resolvió que el Juzgado Federal N°5 continúe al frente de la investigación por los famosos "créditos VIP" otorgados por el Banco Nación a funcionarios públicos y dirigentes vinculados a La Libertad Avanza, luego de una disputa entre ambos magistrados por la competencia de las causas.
La decisión fue firmada por el juez de Cámara Eduardo Farah, quien determinó que todas las denuncias debían concentrarse en el expediente que tramita en el juzgado de Capuchetti. El tribunal entendió que las distintas presentaciones describían un mismo hecho y que correspondía evitar la duplicidad de investigaciones.
El conflicto se había iniciado semanas atrás, cuando Capuchetti le pidió formalmente a Lijo que dejara de intervenir en expedientes paralelos vinculados a los préstamos otorgados por el Banco Nación, bajo el argumento de que su juzgado tenía una denuncia con un objeto más amplio, ya que incluía también préstamos personales además de créditos hipotecarios.
Lijo rechazó ese planteo y sostuvo que la causa debía continuar bajo su órbita. Hasta ese momento, el magistrado ya había impulsado medidas de prueba y solicitado al Banco Nación los legajos crediticios de distintos funcionarios denunciados, entre ellos Federico Furiase y Juan Pedro Inchauspe.
Además, el juez federal había ordenado una auditoría a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN) para analizar la política crediticia implementada durante la gestión libertaria. La investigación buscaba determinar si existió una flexibilización de requisitos que favoreciera el acceso de funcionarios públicos a préstamos millonarios.
En su resolución, Farah sostuvo que la primera denuncia válida fue la presentada por la dirigente Mónica Frade el 2 de abril de 2026, expediente que había quedado radicado en el Juzgado Federal N°5. El magistrado descartó tomar como antecedente una denuncia anterior por considerar que carecía de elementos mínimos para abrir una investigación penal.
Desde el Banco Nación aseguraron que no existió trato preferencial y señalaron que pondrán a disposición de la Justicia toda la documentación requerida. La entidad también informó que abrió una auditoría interna para revisar cada uno de los préstamos cuestionados en las distintas denuncias. La causa investiga si hubo incumplimiento de normas o beneficios indebidos en la entrega de créditos hipotecarios a funcionarios, empleados públicos y legisladores.
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