El tribunal de Estrasburgo determinó el 12 de junio que el gobierno suizo violó los derechos de libertad de reunión y asociación al multar a Nadja Batou con 300 francos suizos (aproximadamente 320 dólares) por desbordes mínimos ocurridos en la manifestación nocturna en favor de los derechos de las mujeres.
Una marcha sin responsables de daños
La policía genevesa había acusado a Batou de no impedir pintadas en vitrinas, uso de elementos pirotécnicos y un intento de la movilización de desviarse de la ruta autorizada. Sin embargo, la CEDH consideró que esos hechos no configuran "comportamientos reprehensibles" ni mucho menos "violentos", y subraya que la policía no realizó ningún arresto. La marcha, que convocó a alrededor de mil personas, se desarrolló sin mayor disrupción en la vida cotidiana de la ciudad.
El tribunal rechaza responsabilizar a los organizadores
Los jueces de Estrasburgo
fallaron contundentemente: "Los organizadores de reuniones no deberían ser responsabilizados por actos delictivos de participantes individuales y no deberían ser considerados como habiendo incumplido sus responsabilidades siempre que hayan desplegado esfuerzos razonables para prevenir tales actos".
La decisión también criticó a los tribunales suizos por no haber considerado los argumentos de defensa de Batou con el mismo peso que los de la policía. La CEDH señaló que fue "difícil de entender" por qué los jueces locales no escucharon a los integrantes del servicio de orden de la marcha cuando evaluaban la presunta "pasividad e ineficacia" de su operativo.
Una sentencia con efecto disuasivo
La condena del tribunal europeo reconoce explícitamente que la sanción a Batou tenía una intención chilling effect: desalentar tanto a ella como a otras personas de organizar futuras manifestaciones públicas. Ese efecto represivo fue considerado "desproporcionado al objetivo legítimo alegado" por las autoridades suizas.
Jurisprudencia sobre protesta ciudadana
Este fallo se alinea con la tendencia del tribunal europeo de proteger el derecho de protesta pacífica, especialmente cuando los gobiernos intentan responsabilizar a organizadores por hechos que escapan de su control. La sentencia abre nuevas preguntas sobre cómo equilibrar el mantenimiento del orden con la garantía de libertad de expresión y reunión.
Según datos del CEDH, Suiza ha sido condenada en múltiples ocasiones por violaciones a derechos fundamentales en años recientes, incluyendo discriminación por género y restricciones al debido proceso, lo que refleja un patrón de desajuste entre las leyes suizas y los estándares europeos de protección de derechos.
¿Qué significa esta sentencia para otros países?
La decisión del tribunal de Strasburgo sienta jurisprudencia vinculante para los 47 estados miembros del Consejo de Europa. Implica que los gobiernos deben demostrar una conexión causal clara entre las acciones específicas de un organizador y los daños alegados antes de imponer sanciones. También establece que los "esfuerzos razonables" para mantener la paz- como contar con servicio de orden, comunicaciones previas con autoridades, o instrucciones a participantes - ofrecen protección legal a los organizadores.
¿Quién es Nadja Batou y por qué organizó esa marcha?
Nadja Batou es una activista por los derechos de las mujeres en Suiza. Organizó la marcha nocturna del 8 de marzo de 2019 (Día Internacional de los Derechos de las Mujeres) en Ginebra para movilizar a la población en torno a demandas de equidad de género. La concentración fue pacífica y contó con aproximadamente mil asistentes.
¿Puede Suiza apelar esta sentencia?
No. Las sentencias del CEDH son definitivas y vinculantes. Suiza debe cumplir con la condena: pagar los 10.000 euros a Batou como compensación por daño moral y revisar su legislación sobre responsabilidad de organizadores de manifestaciones para alinearla con los estándares europeos.
¿Afecta esta sentencia a otros países además de Suiza?
Sí, indirectamente. Los 47 estados del Consejo de Europa pueden ser juzgados por tribunales domésticos o por el propio CEDH usando este precedente. Sin embargo, el fallo es especialmente relevante para países que penalizan a organizadores de protestas de manera sistemática.