El presidente Donald Trump firmó una estrategia nacional de contraterrorismo que representa un cambio radical: por primera vez, los movimientos políticos de izquierda pasan a ser clasificados como amenaza terrorista de la misma gravedad que grupos islámicos o carteles transnacionales.
El documento de 16 páginas, presentado por Sebastian Gorka (director sénior de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional), declara en Washington que
el gobierno estadounidense combatirá "extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas" usando las mismas herramientas legales y de inteligencia que ha empleado contra ISIS y Al Qaeda durante dos décadas.
La redefinición del terrorismo
Hasta 2026, la legislación antiterrorismo estadounidense enfocaba sus recursos en amenazas externas: grupos yihadistas, células Al Qaeda, células ISIS.
La nueva estrategia de Trump amplía ese marco al incluir, por primera vez con rango oficial, a movimientos políticos domésticos.
El documento identifica explícitamente tres amenazas equivalentes: primero, "narcoterroristas y bandas transnacionales"; segundo, "terroristas islamistas tradicionales" (Al Qaeda, ISIS-Khorasan); tercero, "extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas". Esta triplicación de categorías marca una ruptura con 25 años de política de seguridad post-11 de septiembre.
"El punto en que abogan por violencia es terrorismo"
Gorka fue explícito durante su presentación: "En el punto en que alguno aboga por la violencia o usa violencia con propósitos políticos, eso es terrorismo". La administración Trump citó tres hechos específicos que justificarían esta nueva clasificación: los tiroteos en la Covenant School en Nashville (Tennessee), en la Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, y el asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, en Utah.
Aunque estos incidentes pueden tener distintos móviles, la Casa Blanca los agrupa bajo una narrativa unificada de "violencia de izquierda". La implicación es clara: cualquier acción violenta que pueda atribuirse a ideología de izquierda será procesada como terrorismo.
Herramientas de inteligencia y vigilancia sin precedentes
La nueva estrategia autoriza a las agencias de seguridad a usar todas las herramientas disponibles "constitucionalmente" para identificar y neutralizar lo que define como extremismo de izquierda. Esto incluye vigilancia de redes sociales, infiltración de grupos, análisis de financiamiento y coordinación entre agencias locales y federales.
El memorando presidencial NSPM-7, emitido simultáneamente, ordena a los Comandos Conjuntos contra el Terrorismo (JTTF) que investiguen no solo actos violentos, sino también a personas y entidades que "financian" movimientos de izquierda.
Esto expande significativamente quiénes pueden ser investigados: desde activistas hasta abogados, periodistas o grupos de derechos civiles que apoyen causas progresistas.
El problema: Antifa no es una organización
Expertos en derecho constitucional y seguridad han señalado que esta estrategia enfrenta un problema fundamental: el grupo Antifa no es una organización registrada, centralizada ni con estructura de afiliación. Christopher Wray, exdirector del FBI, ha afirmado que Antifa es "algo real" pero "no es un grupo, es una ideología y un movimiento". La supuesta designación de antifa como "organización terrorista nacional" carece de base legal en la legislación federal, que solo permite designar "organizaciones terroristas extranjeras" (FTOs).
Abogados de derechos civiles advierten que esta ambigüedad abre la puerta a persecución política: casi cualquiera puede ser tachado de "antifa" o "anarquista" sin que exista una definición clara.
Asimetría: la violencia de derecha no entra en el radar
Los estudios académicos del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington indican que la violencia política de extrema derecha ha causado significativamente más muertes que la violencia de izquierda en los últimos años. Sin embargo, la nueva estrategia no menciona "extremistas violentos de derecha" como categoría equivalente. Tampoco incluye a grupos de extrema derecha como Proud Boys, Oath Keepers o supremacistas blancos en la definición tripartita de terrorismo. Esta omisión refleja la orientación política de la administración Trump y genera críticas sobre si la estrategia busca realmente seguridad nacional o persecución de opositores políticos.
Impacto potencial en activismo y libertad de expresión
Si la estrategia se implementa sin restricciones, afectaría a cualquier persona o grupo clasificado como "extremista de izquierda". Esto incluiría activistas de derechos humanos, organizadores comunitarios, periodistas que cubren protestas antirracistas, y abogados que defienden a manifestantes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha advertido que designaciones de este tipo generan "importantes preocupaciones sobre el debido proceso y la Primera Enmienda". El uso de estas herramientas podría criminalizar formas legales de disidencia política (ver cómo está siendo recibida la estrategia en la región).
¿Trump está diciendo que todo movimiento de izquierda es terrorista?
No exactamente, pero la definición es vaga. Trump dice que busca combatir "extremistas violentos de izquierda, incluidos anarquistas y antifascistas". El problema es que "extremista" no tiene una definición legal clara. Activistas contra el cambio climático, manifestantes antirracistas, abogados defensores de migrantes y otros podrían ser investigados bajo esta categoría.
¿Puede Trump designar a Antifa como organización terrorista?
Legalmente, tiene limitaciones. Trump puede designar "organizaciones terroristas extranjeras" (FTOs), pero no existe equivalente legal federal para designaciones nacionales. Sin embargo, puede usar órdenes ejecutivas para instruir a agencias a investigar grupos domésticos. Los tribunales probablemente impugnarán estas medidas por violar derechos constitucionales.
¿Por qué no menciona Trump a grupos extremistas de derecha?
La estrategia no los incluye, aunque datos muestran que la violencia de extrema derecha ha causado más muertes que la de izquierda en años recientes. Esta omisión refleja la orientación política de la administración y ha generado críticas de que busca criminalizar oposición política, no genuina seguridad nacional.