30.04.2026 / SAÑA
El Gobierno presentó un recurso ante la Corte para frenar la Ley de Discapacidad
El Ejecutivo reavivó su pelea contra el sector discapacitado. Esta vez, irá a la Corte Suprema para intentar suspender la norma aprobada por el Congreso al argumentar que implica un fuerte impacto fiscal.
En una nueva maniobra para ir detrás del sector discapacitado, el Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para intentar suspender la Ley de Emergencia en Discapacidad bajo el argumento de que su implementación “produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal”.
El planteo apunta contra una norma que ya fue aprobada en dos oportunidades por el Congreso y que, según el Gobierno, obliga al Estado a realizar erogaciones sin financiamiento previsto, en un contexto que calificó como de “gravedad institucional” por el impacto presupuestario que implicaría su aplicación a nivel nacional.
En el escrito judicial, el Ejecutivo advirtió que la ley pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas, al tiempo que cuestionó el fallo que dejó firme la invalidez de un decreto previo y habilitó el reclamo colectivo que dio origen a la disputa.
El conflicto se originó a partir de una demanda impulsada en San Martín que exigía el cumplimiento de la normativa vigente, lo que derivó en una resolución judicial adversa para el Gobierno, que ahora busca revertir ese escenario en la Corte Suprema.
En paralelo, la administración nacional impulsa modificaciones sobre el régimen de discapacidad a través de un proyecto que establece un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios, con la posibilidad de suspender pensiones de forma automática ante incumplimientos o inconsistencias detectadas en cruces de datos con organismos oficiales.
La iniciativa también redefine el esquema de prestaciones y montos, fija incompatibilidades con el empleo formal y habilita cambios en la administración de fondos, en un marco de revisión más amplio del sistema que convive con la disputa judicial abierta por la vigencia de la ley actual.
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