El PJ definió realizar su congreso partidario el próximo 19 de mayo en la histórica sede de Matheu 130, en un formato mixto que combinará presencialidad y participación virtual. La reunión estuvo encabezada por José Mayans, quien ofició como conductor del encuentro en su rol de vicepresidente primero, mientras la conducción política sigue bajo la órbita de Cristina Fernández de Kirchner. La convocatoria buscó ordenar la estrategia partidaria en medio de disputas internas y procesos de intervención en distintas provincias.
En ese marco, las autoridades resolvieron que las elecciones internas en Salta y Jujuy, ambos distritos intervenidos, se realicen el 25 de octubre. La medida apunta a cerrar los procesos de normalización, aunque deberá ser ratificada en el congreso partidario. La decisión se inscribe en una lógica de reorganización territorial del peronismo, con el objetivo de consolidar estructuras locales de cara al escenario político nacional.
Sin embargo, el esquema no estuvo exento de cuestionamientos. Sectores del peronismo jujeño, referenciados en la senadora Carolina Moisés, advirtieron que la definición “no tiene ninguna validez” al considerar que los actuales interventores carecen de legitimidad tras resoluciones judiciales recientes. La disputa quedó abierta a la espera de una definición de la Cámara Nacional Electoral, lo que anticipa nuevas tensiones en la interna partidaria.
En paralelo, el PJ avanzó con cambios en la intervención de Salta, donde asumió Pablo Kosiner en reemplazo de dirigentes vinculados al kirchnerismo, en un intento por acercar posiciones con el peronismo local. En Jujuy, en tanto, la intervención quedó en manos de Ricardo Villada, cercano al gobernador salteño Gustavo Sáenz, lo que evidencia un delicado equilibrio entre distintos sectores del movimiento.
Durante el encuentro también hubo referencias a la situación judicial de Cristina Kirchner y la necesidad de sostener el reclamo por su libertad, aunque sin resoluciones concretas. Con este escenario, el peronismo se encamina a un congreso clave que no solo deberá ratificar decisiones formales, sino también ordenar una interna atravesada por disputas políticas, judiciales y territoriales.