
La Asociación Americana de Juristas (Rama Argentina) y el Foro Ecologista de Paraná presentaron el pasado 8 de abril un amparo histórico ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acción judicial busca garantizar la protección permanente de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados fuentes esenciales de agua y vida en la región de la Patagonia.
El planteo judicial se da en un contexto de emergencia climática, agravado por la frecuencia y voracidad de los incendios masivos que afectaron a la región. Según los demandantes, las políticas actuales son insuficientes para preservar el sistema ecológico, hídrico y climático. En ese contexto, solicitan que la Corte ordene de manera inmediata la implementación de un Plan Interjurisdiccional de Gestión del Riesgo Climático e Ígneo. “No estamos solo ante una crisis de incendios, sino ante un debilitamiento de los mecanismos de protección ambiental que pone en riesgo el futuro de nuestra biodiversidad y nuestras fuentes de agua”, señalaron.
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece el deber indelegable del Estado de proteger el ambiente y los recursos naturales. Los impulsores del amparo sostuvieron que la degradación de la criosfera afecta de manera directa el equilibrio climático y los derechos fundamentales de la población.
El amparo introduce dos puntos clave en la protección de las fuentes de vida de la Patagonia argentina. "Glaciares como sujetos de derecho": solicitan que la Corte reconozca a los glaciares y al ambiente periglacial como entidades con protección jurídica autónoma, asegurando su existencia y regeneración dentro del ciclo hidrológico argentino. Y el segundo punto es la "tutela intergeneracional" donde se invocan los principios de “no regresión” y “equidad intergeneracional”, advirtiendo que la falta de acción estatal compromete el derecho de las generaciones futuras a un ambiente sano.
Con esta presentación, los demandantes buscan que la Justicia adopte una actitud preventiva y estructural, estableciendo guardianes legales para la criosfera y obligando al Gobierno a rendir cuentas sobre la gestión del riesgo ambiental en el sur argentino.