El primer eje de la reforma apunta a la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). De este modo, los candidatos pasan a definirse puertas adentro de cada partido, sin una instancia abierta de competencia. La medida implica el cierre de un mecanismo que, con limitaciones, permitía dirimir internas de cara a la ciudadanía.
En paralelo, se endurecen los requisitos para crear y sostener partidos políticos. La reforma exige mayor cantidad de afiliados, plazos más estrictos y controles judiciales más severos. Además, se eleva la vara para tener reconocimiento nacional: las fuerzas deberán acreditar presencia en al menos diez distritos y cumplir con un piso mínimo de afiliación en todo el país. Quienes no alcancen esos parámetros pierden la personería.
Otro punto central es la incorporación de nuevos filtros para competir. A partir de ahora, los partidos deberán reunir avales ciudadanos para presentar candidaturas, incluso dentro de alianzas, donde cada espacio tendrá que validar su propio respaldo. A esto se suma la implementación de la “ficha limpia”, que prohíbe postularse a quienes tengan condena confirmada en segunda instancia, aun sin sentencia firme.
La reforma también limita la oferta electoral: cada partido podrá presentar una sola lista por categoría y cada candidato solo podrá competir por un cargo y dentro de un único espacio. Se restringen así las listas espejo y las múltiples combinaciones, en una clara reducción de alternativas para el electorado.
Finalmente, el proyecto redefine aspectos de campaña y financiamiento. Se mantiene la Boleta Única de Papel, pero con posibilidad de integrar cargos nacionales, provinciales y municipales en una sola papeleta. La campaña formal se fija en 60 días, aunque se habilita la publicidad política por fuera de ese período. A su vez, se refuerzan los controles sobre los aportes y se incorpora la regulación de redes sociales, obligando a partidos y candidatos a registrar sus cuentas y transparentar la publicidad digital.