El Gobierno acatará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, pero avanzará en paralelo con una apelación para revertir la medida cautelar que frenó su reformulación. La decisión implica, en los hechos, sostener el esquema de transferencias que alcanzaba a más de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000.
La resolución que condiciona la estrategia oficial fue dictada por el juez federal con jurisdicción en Campana, Adrián González Charvay, que hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. El fallo obliga al Ejecutivo a mantener vigente el plan en su formato original, al menos hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, advirtió que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.
“El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”, continuó el parte de prensa.
Y agregó: “En virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
En la Casa Rosada y en el área que conduce Pettovello interpretan la decisión como una intromisión del Poder Judicial en el diseño de la política pública.
“Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, sintetizó una fuente del Gobierno ante la consulta de Infobae. La definición expone la línea institucional que busca sostener el oficialismo —cumplimiento formal de las decisiones judiciales—, pero al mismo tiempo dejando en claro el desacuerdo de fondo con el criterio adoptado por el magistrado.