El dato implica que cerca de 5,8 millones de personas trabajan sin derechos básicos como aportes jubilatorios u obra social en los principales aglomerados urbanos. La situación se agrava en determinados grupos: las mujeres registraron una tasa de informalidad del 44,5%, por encima del 41,8% de los hombres, consolidando una brecha de género persistente en el mercado laboral.
La segmentación por edad mostró cifras aún más alarmantes. Entre los jóvenes de hasta 29 años, la informalidad superó el 58%, mientras que en los mayores de 65 años también rondó ese nivel. En el caso de las mujeres jóvenes, el indicador alcanzó el 57,9%, y en las adultas mayores trepó al 61,6%, reflejando una doble vulnerabilidad por género y edad.
Por actividad, los niveles más altos se concentraron en sectores históricamente precarizados: el servicio doméstico encabezó con un 78%, seguido por la construcción (73,8%), hoteles y restaurantes (59,7%) y comercio (52,6%). En este contexto, especialistas advierten que recientes cambios en la legislación laboral profundizan la desprotección, al ampliar períodos de prueba y dejar fuera de la ley a sectores clave.
Así, lejos de consolidar una recuperación, el mercado de trabajo mostró señales de fragilidad estructural. La suba de la informalidad no solo refleja la falta de empleo de calidad, sino también un modelo económico que, según distintas miradas críticas, recae con mayor dureza sobre quienes ya parten de una situación de desigualdad.