09.04.2026 / Grave
Crueldad y ajuste: el Gobierno de Milei pone en jaque a un centro para personas con discapacidad en Flores
La Asociación Mutual Promover denuncia que el Gobierno nacional no paga las prestaciones desde noviembre de 2025. Con deudas que superan los 90 días, la institución advierte que peligra la atención y el hogar de casi 40 niños y jóvenes con parálisis cerebral.
El modelo de "déficit cero" que pregona la administración de Javier Milei vuelve a mostrar su cara más inhumana, esta vez ensañándose con los sectores más vulnerables de la sociedad. La Asociación Mutual Promover, una institución con casi 40 años de trayectoria en el barrio porteño de Flores, denuncia que se encuentra en una situación de "emergencia financiera" absoluta debido al cese de pagos por parte del Estado nacional. El desfinanciamiento no es solo una cifra macroeconómica sino que pone en riesgo directo la vida de niños y jóvenes con discapacidades severas.
La entidad, que gestiona un hogar y un Centro Educativo Terapéutico (CET), señaló a través de un comunicado que la deuda estatal se arrastra desde noviembre del año pasado. Esta parálisis en el flujo de fondos afecta la alimentación, la compra de insumos médicos críticos, el pago de salarios de 45 profesionales y el transporte especial. De hecho, ocho de los asistentes al centro ya perdieron su derecho a la rehabilitación por la imposibilidad de costear los traslados.
Vidas en riesgo por la motosierra
La situación más dramática se vive en el hogar de la institución, donde residen de forma permanente 17 jóvenes con parálisis cerebral y patologías severas. Se trata, en muchos casos, de personas judicializadas que carecen de red familiar; para ellos, Promover es su único refugio y sustento vital. "Para ellos, nosotros somos su red, su hogar, su familia", expresaron desde la dirección, remarcando que la desidia oficial rompe el último lazo de contención que les queda.
A este grupo se suman otros 20 chicos que asisten diariamente para recibir terapias esenciales como kinesiología, fonoaudiología y psicología. Sin los recursos que el Estado está obligado por ley a garantizar, estos tratamientos —fundamentales para evitar el deterioro de su salud— han quedado suspendidos en el limbo de la burocracia de ajuste.
Sin respuestas tras el desguace institucional
El panorama se agravó exponencialmente tras la decisión del Ejecutivo de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y trasladar sus funciones a la órbita del Ministerio de Salud. Este movimiento, lejos de buscar eficiencia, generó un vacío administrativo que deja a las instituciones sin interlocutores válidos y sin respuestas ante los reclamos por la falta de pago.
Desde la Mutual Promover son tajantes: "Estamos contra las cuerdas, poniendo en riesgo la dignidad de nuestros jóvenes". Mientras el Gobierno celebra superávits fiscales basados en el recorte a los más débiles, instituciones como la de Flores se ven obligadas a exigir lo que no debería ser un favor, sino un derecho humano básico: salud, alimentación y una vida digna. "Nuestros chicos no tienen tiempo para la burocracia", sentenciaron, en un grito desesperado ante un Estado que parece haber decidido darles la espalda.
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