09.04.2026 / HABLARÁ EL HIJO DE LA JUBILADA
Crecen las sospechas sobre Adorni: la Justicia citó ahora al entorno del funcionario por la compra de su departamento
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos capítulos con la citación a cinco testigos clave vinculados a la operación inmobiliaria de su departamento en Caballito. El fiscal Gerardo Pollicita apunta a reconstruir el circuito completo de la compra, atravesado por vínculos personales y condiciones de financiamiento poco habituales.
Otro capítulo se abre en torno al escándalo de Manuel Adorni y se suman nuevos actores que la Justicia llamará. Entre los citados aparece Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que vendió el inmueble y, según consta en el expediente, amigo del funcionario. Su nombre surgió tras los allanamientos a la inmobiliaria que intervino en la operación, donde se detectaron elementos que podrían esclarecer cómo se gestó la transacción inicial del departamento ubicado en la calle Miró.
La causa tomó impulso luego de la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien confirmó que Adorni y su esposa accedieron a la propiedad mediante un esquema que incluyó un adelanto de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 financiado a un año y sin interés. “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó, y atribuyó las condiciones del acuerdo a “la confianza” entre las partes.
En paralelo, también fueron convocados los responsables de la inmobiliaria que comercializó el inmueble, además del encargado del edificio y un empresario que vendió otra propiedad al matrimonio. La Justicia busca cruzar testimonios con registros de comunicaciones para determinar si existieron irregularidades en el proceso.
El expediente enfrenta además obstáculos: la escribana no presentó los chats y llamadas requeridos por los investigadores, lo que demoró el avance de las pericias. Aun así, sostuvo que nunca consideró sospechosa la operación y afirmó: “Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago”. La causa sigue abierta y pone bajo la lupa el crecimiento patrimonial del funcionario desde su llegada al Estado.
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