La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tomó distancia de la crisis que atraviesan el PAMI y el sistema de Discapacidad al destacar, a través de un comunicado oficial, que “el área de Discapacidad y el PAMI no se encuentran bajo la órbita" su organismo, sino que "dependen del Ministerio de Salud de la Nación”, mientras se incrementan los reclamos por pagos atrasados y riesgo de interrupción de prestaciones al ministro Mario Lugones.
El mensaje fue difundido en redes sociales bajo el título “Competencias institucionales”, donde además se indicó que “toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud”, en un intento de deslindar responsabilidades en plena escalada del conflicto.
La situación dentro de la cartera que conduce Lugones es delicada. Ya acumula múltiples denuncias por demoras en pagos tanto de PAMI como de Incluir Salud, el programa que cubre a personas con pensiones no contributivas. Si bien, desde Salud aseguraron que “los cronogramas de pago se están cumpliendo”, reconocieron demoras en áreas como la atención oftalmológica.
En distintas provincias ya comenzaron a registrarse consecuencias concretas:
en Río Negro oftalmólogos restringieron la atención a afiliados de PAMI, mientras que en Santa Fe y Córdoba prestadores advierten por servicios resentidos y atrasos que, según referentes del sector, superan en algunos casos el 100% frente a los costos actuales.
El conflicto también golpea al sistema de discapacidad, donde organizaciones advierten por una situación límite. “Hay situaciones de riesgos de cierre y en San Miguel ya hay dos espacios que cerraron. La gran mayoría estamos pagando porcentajes de honorarios, se deben cargas sociales. Hay que elegir qué pagar”, señaló María Bayá Casal, referente de Fededis.
Desde el sector estiman que la deuda acumulada alcanza los $250.000 millones en discapacidad y unos $700.000 millones en PAMI, lo que pone en jaque la continuidad de prestaciones esenciales. “Cuando los pagos no llegan a tiempo, se resiente toda la cadena de atención”, advirtieron entidades farmacéuticas.
En ese marco, la Conferencia Episcopal Argentina también intervino para reclamar “una respuesta concreta, visible y urgente”. Además, advirtió que “la discapacidad no puede quedar expuesta a recortes, ni las personas que viven esta realidad pueden ser sometidas a disputas administrativas o coyunturas políticas”, mientras desde el Ministerio de Salud se comprometieron a regularizar deudas durante abril.