La querella encabezada por Martín Romeo solicitó al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que cite a declaración indagatoria al presidente
Javier Milei por considerar que se trató de
una figura clave en la maniobra fraudulenta con la criptomoneda $LIBRA y que su intervención sirvió para captar a miles de inversores, en el marco de una presunta asociación ilícita que
también involucra a su hermana Karina Milei, al jefe de Gabinete Manuel Adorni y a otros operadores del ecosistema cripto.
El planteo judicial, de más de 200 páginas, detalla una reconstrucción integral de los hechos y amplía el alcance de la causa al
incluir a 15 personas con roles diferenciados dentro de la estructura, desde una cúpula local vinculada a Mauricio Novelli hasta socios internacionales y operadores encargados de mover los fondos mediante billeteras virtuales y circuitos informales.
Uno de los puntos centrales del escrito es el análisis del teléfono de Novelli, señalado como nexo entre el entorno presidencial y la operatoria en el exterior, donde se hallaron registros que, según la querella, permiten completar el circuito de decisiones y vínculos que derivaron en el lanzamiento y posterior colapso del token.
La presentación sostiene que la maniobra no fue improvisada, sino el resultado de un proceso que se remonta a años previos, donde los implicados habrían adquirido conocimientos sobre manipulación de mercados, evasión y uso de estructuras offshore, un período que, siguiendo el texto, “deja de ser un simple antecedente y se convierte en la escuela delictiva de la organización”.
De acuerdo con la acusación, la estafa se concretó el 14 de febrero de 2025, cuando Milei difundió en redes sociales el contrato del token mientras mantenía contacto con Novelli, lo que habría impulsado una compra masiva por parte de inversores minoristas, mientras billeteras vinculadas al grupo ejecutaban operaciones con información privilegiada antes de vaciar la liquidez en una maniobra tipo “rug pull”.
El documento también describe una presunta “captura del Estado”, al señalar que los acusados habrían utilizado la investidura presidencial y espacios institucionales para dotar de credibilidad al proyecto, incluso mediante la participación de funcionarios en eventos como el “Tech Forum” y la supuesta inserción de actores afines en organismos regulatorios como la Comisión Nacional de Valores.
En ese marco,
se mencionan además transferencias millonarias, contratos con actores extranjeros por más de 1,5 millones de dólares y registros que sugieren pagos y vínculos directos con el entorno presidencial, junto con chats y documentación que evidenciarían prácticas irregulares como facturación apócrifa y movimientos de fondos para evitar trazabilidad.
Para la querella, el rol de Milei no fue técnico sino estratégico, bajo la creencia de que su figura pública resultó determinante para generar confianza en el mercado y facilitar la captación de capitales, en una tarea que para la acusación incluyó promoción política y un esquema coordinado para ejecutar y encubrir el fraude.