01.04.2026 / INDAGACIÓN
La Justicia citó a la escribana de Adorni por las inconsistencias en la compra del departamento en Caballito
La fiscalía busca esclarecer el origen de los fondos, el valor declarado de la operación y el rol de las vendedoras en el financiamiento de la vivienda donde reside actualmente el jefe de Gabinete junto a su familia.
La Justicia federal llamó a declarar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la compra del departamento de Manuel Adorni en el barrio porteño de Caballito, en una causa que intenta determinar si existieron irregularidades en la valuación del inmueble y en el préstamo de 200.000 dólares que, según la documentación, habría sido otorgado por las propias vendedoras para concretar la operación.
La escribana deberá presentarse el próximo 8 de abril para prestar testimonio bajo juramento, ya que no solo certificó la escritura del departamento de la calle Miró al 500, adquirido en noviembre de 2025, sino también la compra previa de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.
La investigación judicial, conducida por el juez federal Gerardo Pollicita, se concentra en la diferencia entre el valor declarado de la propiedad, 230.000 dólares según el Registro de la Propiedad Inmueble, y las cotizaciones habituales de la zona, donde los precios por metro cuadrado permitirían estimar una tasación cercana al doble, además de analizar el esquema de financiamiento a través de una hipoteca otorgada por quienes vendieron el inmueble.
La citación de Nechevenko había sido solicitada también por los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, quienes en una ampliación de denuncia señalaron que no está claro cuál fue el costo financiero del préstamo ni las condiciones de devolución, y recordaron que los funcionarios públicos deben firmar una declaración como Personas Expuestas Políticamente en este tipo de operaciones.
Como parte de las medidas de prueba, la fiscalía requirió la totalidad de la documentación vinculada a las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete y analiza informes de la ONG Poder Ciudadano que registran múltiples ingresos de la escribana a la Casa Rosada durante 2024, en fechas cercanas a las transacciones bajo investigación.
En paralelo, el expediente también examina el rol de las dos jubiladas que vendieron el departamento y, al mismo tiempo, habrían financiado su compra, quienes según consta en la causa adquirieron la propiedad apenas seis meses antes por 200.000 dólares y luego la transfirieron al funcionario. Sin embargo, una de ellas niega conocerlo y duda de si la segunda lo hace, por lo que el fiscal aún evalúa si deberán declarar como testigos o si quedarán imputadas.
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