05.04.2026 / Regulación digital
Australia amenaza con multas millonarias a Meta, TikTok y YouTube por no proteger a los menores
El organismo de seguridad online del país evalúa llevar a juicio a Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube por no impedir que menores de 16 años accedan a sus plataformas. Las multas pueden superar los 33 millones de dólares.
La comisionada de eSafety, Julie Inman Grant, publicó su primer informe de cumplimiento y señaló tener "preocupaciones significativas" sobre cinco de las diez plataformas alcanzadas por la ley. Si bien 5 millones de cuentas de menores ya fueron desactivadas, un número considerable de niños continúa manteniendo perfiles activos, creando cuentas nuevas y sorteando los sistemas de verificación de edad.
Entre las fallas detectadas, el organismo identificó prácticas problemáticas como permitir intentos ilimitados para superar los controles de edad, o incluso incitar a los usuarios a volver a intentarlo después de declarar ser menores. Las multas por incumplimiento sistemático pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 33 millones de dólares estadounidenses.
La ministra de Comunicaciones, Anika Wells, fue categórica: acusó a las plataformas de "hacer el mínimo absoluto" porque quieren que la ley fracase, y advirtió que más de una docena de países están siguiendo de cerca el caso australiano para avanzar en regulaciones similares.
Meta aseguró estar comprometida con el cumplimiento, aunque reconoció que la verificación de edad en línea "es un desafío para toda la industria". Snap informó haber bloqueado 450.000 cuentas. TikTok no hizo declaraciones y Alphabet - dueña de YouTube - no respondió a los medios.
La ley también enfrenta dos impugnaciones constitucionales ante el Tribunal Superior australiano. Reddit y el grupo Digital Freedom Project argumentan que la norma viola la libertad implícita de comunicación política garantizada por la Constitución. Una audiencia preliminar está prevista para el 21 de mayo.
Australia se convirtió en el primer país del mundo en imponer una prohibición de este tipo. El resultado del proceso judicial determinará qué se entiende por "medidas razonables" para excluir a los menores, y podría sentar jurisprudencia internacional.
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