El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue acumulando polémicas en torno a su patrimonio, que continúa expandiéndose mientras enfrenta cuestionamientos públicos. En las últimas horas se conoció que compró un departamento en el barrio porteño de Caballito sin haber vendido la vivienda que poseía cuando asumió en el Gobierno, lo que reavivó las críticas sobre la evolución de sus bienes y su declaración patrimonial.
La adquisición del inmueble ubicado en la calle Miró al 500 fue confirmada en el Registro de la Propiedad Inmueble, donde el funcionario figura como copropietario junto a su esposa, Bettina Angeletti, al igual que ocurre con la vivienda que tenían en Parque Chacabuco y que aún permanece a su nombre.
Consultado por la prensa, Adorni defendió la procedencia de su patrimonio y sostuvo que “lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder”, aunque evitó dar precisiones sobre las operaciones inmobiliarias recientes y remarcó que cualquier cambio será incorporado en su próxima declaración jurada, cuyo plazo de presentación aún no venció.
Al asumir en diciembre de 2023, el funcionario había declarado dos inmuebles: uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en La Plata, este último recibido por donación familiar; desde entonces, los registros oficiales dan cuenta de nuevas propiedades vinculadas al núcleo familiar, entre ellas una casa en el country Indio Cua adquirida por su esposa y otros departamentos inscriptos a su nombre.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
El incremento patrimonial se produce mientras la Justicia investiga al jefe de Gabinete por su viaje a Punta del Este en un avión privado, una causa que abrió interrogantes sobre el origen de los fondos utilizados para algunas de estas operaciones, especialmente aquellas que no figuran en la última declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción.
En su presentación pública más reciente, Adorni evitó responder preguntas en detalle y aseguró que no brindará más información para no interferir en las causas judiciales en trámite, al tiempo que insistió en que todas sus propiedades pueden ser verificadas en los registros oficiales y que su situación patrimonial está debidamente documentada.
Pese a sus explicaciones, la confirmación de que sumó un nuevo departamento sin desprenderse de los anteriores volvió a instalar el tema en la agenda política y mediática, en un contexto en el que el Gobierno mantiene congelados los salarios de los altos funcionarios y promueve un discurso de ajuste y austeridad hacia el resto de la administración pública.