18.03.2026 / ECONOMÍA
Caso Cupón PBI: Argentina encara una nueva demanda en Londres por 1.580 millones de euros
El fondo Palladian Partners y otros acreedores exigen el recálculo de los pagos de 2017, 2021 y 2022 tras un presunto error en la metodología aplicada por el Estado. El reclamo judicial se suma a la sentencia definitiva que el país todavía no canceló en los tribunales británicos.
Un grupo de inversores presentó una nueva demanda contra la República Argentina ante los tribunales del Reino Unido. El reclamo exige el pago de 1.580 millones de euros adicionales en el marco del litigio por los cupones atados al Producto Bruto Interno (PBI).
Los demandantes, bajo el nombre Argentina Exchange Bondholders, sostienen que el Estado incumplió la metodología fijada por la Justicia británica para liquidar los cupones. La presentación judicial, realizada el pasado viernes 13 de marzo, solicita formalmente el recálculo de los pagos de los años 2017, 2021 y 2022.
Esta acción legal se añade a la deuda de 1.600 millones de euros más intereses que ya cuenta con sentencia firme en Londres. Hasta el momento, el país solo abonó 300 millones de euros en concepto de garantía judicial durante el proceso de apelación ante la Corte Suprema británica.
El conflicto tuvo su origen en 2013, cuando el Gobierno modificó el método de medición del crecimiento económico. Los acreedores denuncian que ese cambio estadístico evitó de forma artificial el pago de los bonos al situar el crecimiento anual apenas por debajo del umbral del 3,3%.
La máxima instancia judicial del Reino Unido rechazó el último recurso de la Argentina en junio de 2024 y dejó firme el fallo original. Ante la falta de cumplimiento total, los fondos activaron nuevas vías legales para ejecutar la sentencia y ampliar el reclamo a períodos posteriores.
El litigio mantiene un frente paralelo en los tribunales de Nueva York por títulos emitidos en moneda estadounidense. El Gobierno argentino solicitó esta semana a la jueza Loretta Preska la desestimación de esa causa bajo el argumento de que los fallos de Londres no poseen validez automática en la jurisdicción norteamericana.
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