Según los reclamos, las deudas por la atención de jubilados superan los 300 millones de pesos y acumulan más de seis meses de retraso. En varias comunas advierten que el monto real podría duplicarse si se suman los distritos que aún no formalizaron la denuncia, lo que agrava el escenario sanitario y presupuestario en el interior provincial.
Los jefes comunales cuestionan el rol de Bornoroni en la administración del organismo en Córdoba y aseguran que no atiende los llamados ni ofrece soluciones frente a la emergencia. El malestar se intensifica porque muchos hospitales municipales son los únicos centros de salud disponibles para la población afiliada al PAMI.
El impacto también alcanza al sector farmacéutico, que alertó sobre el riesgo en la provisión de medicamentos por la acumulación de deudas. En ese contexto, la Legislatura cordobesa aprobó proyectos vinculados a la situación del organismo, en medio de crecientes críticas por la gestión y la falta de recursos.
Uno de los casos más emblemáticos se registra en Marcos Juárez, donde el cierre del Sanatorio Sudeste previsto para fines de marzo dejaría sin atención cercana a unos 5.000 afiliados, que deberían trasladarse más de 100 kilómetros para recibir asistencia. El conflicto expone el deterioro del sistema de salud para jubilados y profundiza la tensión política en la provincia.