09.03.2026 / ALARMANTE
Tercer 8M en la era Milei: las políticas anti género del Gobierno en sus primeros dos años de gestión
Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo la eliminación de entidades, programas, recortes presupuestarios y cambios normativos que arrasan con las políticas de género. Informes de organizaciones y organismos especializadas advierten una caída cercana al 90% en fondos destinados a estas áreas.
A diez años del primer “Ni Una Menos”, distintas organizaciones advierten que las políticas públicas vinculadas a la igualdad de género y la prevención de la violencia sufrieron un fuerte retroceso durante la gestión de Javier Milei, marcada por el cierre de organismos, eliminación de programas y recortes presupuestarios que redujeron de forma drástica la presencia estatal en este campo.
La primera medida se produjo a fines de 2023, cuando el Gobierno anunció la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Sus funciones fueron transferidas inicialmente al Ministerio de Capital Humano y luego repartidas entre áreas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, lo que implicó la eliminación de la estructura institucional dedicada a estas políticas, un golpe simbólico
Durante 2024 comenzaron los recortes en programas de asistencia. De acuerdo con el análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Línea 144, que en 2023 asistió a más de 38 mil personas, sufrió una reducción presupuestaria del 64% en 2024, mientras que el Programa Acompañar perdió el 90% de su presupuesto entre 2023 y 2024.
El último, destinado a brindar apoyo económico a personas en situación de violencia de género, también registró un desplome en su alcance: la cantidad de beneficiarias cayó un 98,72% respecto del período anterior y la duración del apoyo económico fue reducida de 6 a 3 meses, además de exigirse como requisito la presentación de una denuncia judicial o policial.
En mayo de 2025 el Ministerio de Justicia aplicó una vez más la preciada motosierra de Milei al eliminar 13 programas vinculados a políticas de género mediante las resoluciones 291/25 y 292/25. La lista es larga: el Programa para el apoyo urgente ante violencias extremas, el Programa Producir, el Programa Articular, el Registro de promotoras territoriales, las Escuelas populares de formación en género y el programa MenstruAR, entre otros.
Según organizaciones especializadas, el efecto combinado de estos recortes se reflejó en el financiamiento total de las políticas. Un relevamiento conjunto de ACIJ y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) calculó que, al sumar la caída en el Programa Acompañar, la Línea 144 y otras iniciativas de asistencia, el presupuesto destinado a estas áreas registró una reducción conjunta del 86% en 2024 y del 89% en comparación con 2023.
En paralelo, la política exterior también evidenció un cambio de postura, cuando en noviembre de 2025 el Gobierno argentino bloqueó la Declaración Ministerial del Grupo de Trabajo sobre el Empoderamiento de las Mujeres del G20, alineándose con Estados Unidos y convirtiéndose en el único país que se negó a firmar el documento que impulsaba compromisos internacionales en materia de igualdad de género.
EL ÁREA DE GENERO, SIN PRESUPUESTO
El ajuste también se reflejó en el proyecto de Presupuesto 2026. Nuevamente, infomes de ELA y ACIJ advierten fuertes reducciones: la cobertura del programa de salud sexual se proyecta que baje del 54% al 34% de la población y, en ese marco, la Educación Sexual Integral (ESI) tendrá en 2026 apenas el 2% de los recursos ejecutados en 2023.
En esa línea, el programa de respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra arrastra una caída sostenida del financiamiento, con recortes del 45% en 2023 y del 44% en 2024, mientras que para 2026 el presupuesto asignado resulta 9% menor al vigente en 2025.
A esto se suma que, aunque el proyecto prevé aumentos en la distribución de anticonceptivos y preservativos, se eliminan metas vinculadas al asesoramiento a adolescentes, la capacitación docente en educación sexual y la provisión de medicamentos para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
A esto se suma que la moratoria previsional, clave para el acceso a jubilaciones de mujeres sin aportes suficientes, dejó de estar vigente desde marzo de 2025, obligando a muchas a esperar cinco años más para acceder a un ingreso previsional mínimo.
Respecto a hechos más recientes, la reforma laboral recientemente sancionada introduce cambios que impactan en sectores con fuerte presencia femenina, como es el caso de trabajadoras de casas particulares. La nueva normativa, extiende a seis meses el período de prueba para el área, durante el cual el empleador puede finalizar el vínculo sin indemnización, y además excluye a este régimen del nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que funcionará como sistema de indemnización para otros trabajadores.
En este contexto, incluso organismos de índole internacional como ONU Mujeres advirtieron sobre el debilitamiento de la institucionalidad de género en la Argentina, que va en sentido contrario a los acuerdos regionales que instan a fortalecer las políticas públicas orientadas a la igualdad y a la prevención de la violencia contra las mujeres.
El panorama no es alentador, pero hoy los feminismos marchan bajo una consigna que persiste desde 2023: "Nuestros derechos no son moneda de cambio".
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