8M: el 34% de las argentinas dice haber sufrido violencia de género en el último año

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, las desigualdades en materia económica siguen marcando una fuerte brecha de género, que es profundizada por las políticas del Gobierno. Con una menor tasa de actividad y mayor desocupación e informalidad, la asimetría que coloca a las mujeres en un lugar de desventaja se acrecienta a medida que avanza la desregulación.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puso el foco en los principales indicadores que clarifican cómo las mujeres son más perjudicadas en contextos de ajuste, y destacó que los ingresos de los varones son entre 27,3% y 29,0% mayor que los ingresos de las mujeres, una brecha que se amplía al 40% entre asalariadas/os informales. "Esto genera una sobrerrepresentación de las mujeres en la pobreza: son el 64,2% de las personas con menores ingresos", remarca el texto.

Además, la tasa de actividad de las mujeres (52,6%) es 17,5 puntos porcentuales menor a la de los varones (70,1%), mientras que la brecha en la tasa de desocupación es de 1,5 puntos, con 7,4% en mujeres contra 5,9% de los varones. En esa línea, la brecha en la informalidad laboral es 2,5 puntos porcentuales mayor en mujeres (38%) que en varones (35,5%). "Las mujeres representan el 64,2% entre las personas más pobres. Este número significa un incremento frente al 61,4% registrado el año anterior. A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa: a medida que los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37,0% en el decil superior. Este fenómeno nos permite hablar de la feminización de la pobreza", señala el informe.

A la hora de pensar en los factores que condicionan la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, todo apunta al cuidado del hogar: las mujeres destinan 3 horas más por día al trabajo doméstico no remunerado que los varones. "La contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza: el 63,0% del sector de mayores ingresos son varones. Así, las mujeres están subrepresentadas en el pago de impuestos progresivos: son el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales -que el gobierno redujo a su mínima expresión- y el 30,0% de quienes pagan impuesto a las ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos que la de los varones. Esto implica una enorme brecha patrimonial", puntualiza el estudio.

Desde el Estado, no se promete una mejora: en materia presupuestaria, el Gobierno consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. Es decir que 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o fueron directamente eliminados. También son las más perjudicadas por los recortes docentes, al constituir el 73,1% de esa población, a lo que se suma que el veto a la extensión de la moratoria previsional implica que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación, quedando relegadas a la PUAM, que paga solo el 80% de la mínima y exige tener 65 años (cinco años más que la jubilación ordinaria femenina).

DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA ERA MILEI

- Brecha de ingresos: se registra un fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%), la Prestación Alimentar (-17,26%) y las Pensiones para Madres de 7 o más hijos (-0,83%). El único programa con crecimiento real es la AUH (+74,64%), utilizado como estrategia de contención social ante el ajuste general;
- Brechas laborales: los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron virtualmente eliminados de cara al Presupuesto 2026;
- Brecha de violencias: a pesar de las dificultades para hacer comparaciones interanuales producto de las reestructuraciones administrativas y la absorción, por parte del Ministerio de Justicia, de funciones que antes formaban parte de otras áreas, el conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023;
- La cantidad de personas asistidas por la Línea 144 en 2025 registró una caída del 90% con respecto a 2023 y se proyecta una meta física para 2026 79,1% inferior a 2023;
- Brechas de salud: La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, el ajuste alcanza un 20,9%. En el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual se observa un crecimiento del 11,2% y un crecimiento en las metas físicas que no se condice con la ejecución registrada en los ejercicios 2024 y 2025. Por último, el Plan 1000 Días presenta el crecimiento más significativo (+360,6%), lo cual permite inferir que forma parte de la estrategia de contención mencionada en el caso de la AUH;
- Durante 2025, no se distribuyó un solo preservativo bajo el programa Respuesta al VIH e Infecciones de Transmisión Sexual;
Brecha de cuidados: debido a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes fueron virtualmente eliminados;
Reforma laboral: los aspectos de la norma que profundizan la brecha de género
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL): compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5% PyMES del salario de cada trabajador financiados con una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA. Un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”;
- Despidos por embarazo: La reforma elimina la posibilidad de que una trabajadora despedida por embarazo reclame la nulidad del despido y su reincorporación, limitando la respuesta estatal a una indemnización agravada;
Banco de horas y flexibilidad: Permite que las horas extras se compensen con tiempo de descanso en lugar de pagarse, lo que genera incertidumbre horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado que recaen mayoritariamente sobre mujeres;
- Debilitamiento sindical y ataque directo a la negociación colectiva: Al priorizar convenios por empresa sobre los nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación colectiva;
- Teletrabajo: La derogación de la Ley N° 27.555 elimina la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral;
- Período de prueba: se extiende el período de prueba -esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización- para trabajadoras de casas particulares, pasando de 15 días a 6 meses.