09.03.2026 / COMPLICADO
Tras acusar de extorsión a un empresario, denuncian a Milei por no haberlo llevado a la Justicia
Letrados elevaron una denuncia penal contra el mandatario por presunta “omisión de denuncia” luego de que afirmara en televisión que el principal accionista de Fate habría presionado al Gobierno con despidos. El documento insiste en que debería haberlos denunciado ante la Justicia.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes del espacio Reset Republicano, luego de que en una entrevista televisiva acusara al empresario Javier Madanes Quintanilla de haber ejercido presiones sobre el Gobierno mediante la amenaza de despidos masivos, lo que, según indicaron, podría constituir el delito de extorsión y obligaba al mandatario a realizar una presentación judicial.
La denuncia se originó a partir de declaraciones realizadas por el jefe de Estado en una entrevista con el canal La Nación+, donde se refirió al accionista de Fate como “un empresario prebendario y extorsionador”.
En ese mismo intercambio, Milei sostuvo que Madanes Quintanilla habría utilizado históricamente la amenaza de despidos para obtener beneficios del Estado. “Fate tenía problemas hace muchos años. Era una práctica tradicional del señor Javier Madanes Quintanilla de apretar gobiernos con que si no le daban la protección (para la empresa) y para ALUAR, les tiraba las 920 familias a la calle”, insistió.
Los denunciantes sostienen que, de ser ciertos esos hechos, podrían encuadrar en el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal y que, en ese caso, el Presidente tenía la obligación legal de denunciarlos. Para fundamentar el planteo, citaron el artículo 177 del Código Procesal Penal, que establece que los funcionarios públicos deben denunciar los delitos de acción pública que conozcan en el ejercicio de sus funciones.
En el mismo reportaje, además, el propio mandatario reconoció que funcionarios de su administración habrían sido advertidos previamente sobre la posibilidad de despidos masivos, declaración que refuerza el planteo de omisión. “¿Usted cree que no llamó antes para mencionar que nos iba a tirar la gente en la calle?”, afirmó, y ante la consulta del periodista respondió: “Sí, claro. Obviamente. No a mí, pero a gente de mi gobierno”.
A partir de esas declaraciones, los abogados señalaron que la amenaza de “tirar 920 familias a la calle” podría constituir un hecho intimidatorio grave y que, al no haber promovido una investigación judicial ni realizado una denuncia formal ante la Justicia o la Oficina Anticorrupción, el Presidente habría incumplido las obligaciones que la ley impone a los funcionarios públicos cuando toman conocimiento de un delito.
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