08.03.2026 / Derechos humanos en El Salvador
Denuncian que el régimen de Bukele en El Salvador mantiene al menos 86 presos políticos
Un informe de la organización Cristosal sostiene que el gobierno de Nayib Bukele mantiene encarceladas a decenas de personas por motivos políticos, entre ellas activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. El documento advierte que la persecución contra críticos del gobierno marca un retroceso democrático en el país centroamericano.
De acuerdo con la investigación, entre los detenidos hay defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, funcionarios judiciales y activistas ambientales que habían cuestionado las políticas del gobierno, en particular la estrategia de seguridad basada en arrestos masivos contra las pandillas.
En la misma línea, la organización Amnistía Internacional expresó su preocupación por el caso del activista salvadoreño Fidel Zavala, detenido el 25 de febrero de 2025 mientras asesoraba a una comunidad que enfrentaba un desalojo en medio de una disputa por tierras. Según la organización, el caso refleja un patrón de criminalización del trabajo en defensa de los derechos humanos y el uso abusivo de la prisión preventiva contra activistas que cuestionan decisiones del gobierno.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la abogada Ruth López, responsable de la unidad anticorrupción de Cristosal, detenida en 2025 bajo cargos de malversación vinculados a un cargo público que ocupó una década antes. López rechazó las acusaciones y denunció que el proceso busca silenciar su trabajo en investigaciones sobre corrupción estatal.
El informe también señala que, además de los 86 presos políticos identificados, al menos 245 personas han sufrido algún tipo de persecución por parte del gobierno durante los últimos años. Estas acciones incluyen procesos judiciales, amenazas, vigilancia, campañas de desprestigio y el uso sistemático de la prisión preventiva como forma de presión política.
La denuncia se produce en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022, que permitió suspender garantías constitucionales y realizar arrestos sin orden judicial en el marco de la ofensiva contra las pandillas. Bajo ese esquema, más de 91.000 personas fueron detenidas y el país alcanzó una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.
Aunque la política de seguridad de Bukele cuenta con un amplio respaldo popular debido a la fuerte caída de los homicidios, organizaciones de derechos humanos advierten que el modelo ha debilitado las instituciones democráticas y ampliado los márgenes de represión estatal. El gobierno salvadoreño no respondió de inmediato a las acusaciones contenidas en el informe.
Notas relacionadas
Lo más leído
