El Juzgado Civil N.º 9 de San Antonio Oeste
ordenó trabar un embargo por más de $31 millones contra la diputada nacional Lorena Villaverde en el marco de una causa por presunta venta irregular de terrenos en el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en la localidad rionegrina de Las Grutas.
La resolución fue firmada por la jueza Vanessa Kozaczuk, quien dispuso la medida cautelar para garantizar un eventual cumplimiento de sentencia y libró un oficio al Banco Central de la República Argentina para avanzar sobre cuentas y bienes de la legisladora.
La demanda fue presentada por un comprador que adquirió un terreno en 2020 y que, pese a haber realizado pagos durante años, nunca recibió las obras de infraestructura prometidas ni pudo avanzar con la escrituración del lote. Entre los reclamos figuran la nulidad del contrato, la devolución del dinero abonado actualizado por inflación y una reparación por daños bajo la Ley de Defensa del Consumidor.
Según consta en la presentación judicial, el proyecto inmobiliario contemplaba la apertura de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público,
obras que debían finalizar en un plazo máximo de 16 meses desde la firma del contrato, pero que más de cinco años después todavía no se concretaron.
El nuevo embargo se suma a otro dispuesto en diciembre pasado por el juez Santiago Morán, quien había ordenado retener parte del salario de la diputada por una suma total de $40,5 millones en una causa similar vinculada al mismo emprendimiento inmobiliario.
El fallo vuelve a poner bajo la lupa el historial judicial de Villaverde, que incluye denuncias por estafas inmobiliarias en Argentina y antecedentes en Estados Unidos, mientras su figura también atraviesa tensiones dentro de La Libertad Avanza en Río Negro, donde sectores del espacio impulsan un recambio en la conducción partidaria.