02.03.2026 / JUDICIALES
La CGT presenta recursos judiciales contra la reforma laboral de Javier Milei
La central obrera anticipó que pedirá la inconstitucionalidad de la ley sancionada el viernes. Sostiene que reduce derechos laborales y vulnera el principio de progresividad. El Gobierno defiende la iniciativa y afirma que impulsará el empleo formal.
La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió un duro documento en el que rechaza la ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional y anticipa los fundamentos de la presentación judicial que hará para frenar su aplicación. La central obrera -que se movilizó este lunes en una nutrida manifestación a Tribunales- sostiene que es “falso” que la iniciativa tenga como objetivo aumentar el empleo o formalizar a trabajadores informales y afirma que, por el contrario, implica un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas.
Según el texto, los problemas estructurales de pobreza, desempleo y precarización no derivan del marco normativo laboral vigente, sino de la falta de crecimiento económico y de inversión productiva. Para la CGT, el deterioro social responde a decisiones macro y microeconómicas adoptadas en los últimos años, y no a un exceso de regulaciones laborales. En ese sentido, el documento vincula la reforma con un programa económico más amplio que, a su entender, ha profundizado la caída de la actividad y el empleo. Resta saber en qué tribunal hará la CGT la presentación contra la Reforma Laboral. Se espera que sea el fuero laboral o el Contencioso Administrativo.
En el comunicado argumentan que la norma vulnera principios constitucionales, en particular el principio de progresividad —que impide retrocesos en materia de derechos sociales— y el principio protectorio del derecho del trabajo. También señala una afectación directa del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en aspectos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho de huelga, la negociación colectiva y la libertad sindical, además de advertir sobre posibles incompatibilidades con compromisos internacionales asumidos por el país.
Entre los puntos más cuestionados, la CGT enumera la habilitación de jornadas de hasta 12 horas, la eliminación de sanciones a empleadores que incumplan aportes, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas mediante un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes de los propios trabajadores y la reducción de aportes a las obras sociales. También objeta la fragmentación de las vacaciones, la promoción de convenios por empresa en detrimento de la negociación paritaria y las restricciones al derecho a la protesta y a la actividad sindical.
El documento enmarca la reforma en un contexto económico sumamente crítico: caída de la actividad en la mayoría de las ramas del sector privado, pérdida de más de 300.000 empleos en dos años, aumento de la desocupación, cierre de empresas y pymes, deterioro del poder adquisitivo y endeudamiento creciente tanto del Estado como de los hogares. A esto suma la persistencia de la inflación y la caída del consumo, la inversión y la recaudación, como indicadores de un escenario de recesión prolongada.
Frente a este panorama, la CGT reivindica su rol como actor de movilización y defensa de los derechos laborales, recordando las protestas y paros generales realizados en los últimos años. La central subraya que no forma parte del Gobierno ni define la política económica, pero asume —según afirma— una “responsabilidad histórica” en la defensa del trabajo y de la justicia social. El documento concluye con un llamado a la unidad y a la participación colectiva, bajo la consigna de que “no hay libertad sin justicia social”.
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