A casi ocho años del asesinato de la concejala carioca Marielle Franco,
la Corte Suprema de Brasil condenó a los hermanos Domingos Brazão y Chiquinho Brazão como autores intelectuales del crimen que conmocionó al país y tuvo repercusión internacional.
La decisión del máximo tribunal establece que ambos políticos fueron quienes ordenaron el asesinato de Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018 en el centro de Río de Janeiro, cuando la concejala regresaba de un acto político. En el ataque también fue asesinado su chofer, Anderson Gomes.
Franco, dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), era una voz crítica de la violencia policial y de la actuación de las milicias en los barrios populares de Río. Mujer negra, lesbiana y nacida en la favela de Maré, su figura se transformó tras su muerte en un emblema de la defensa de los derechos humanos y de la denuncia contra la connivencia entre sectores políticos y estructuras parapoliciales.
La investigación atravesó múltiples obstáculos y demoras a lo largo de los años, en un contexto marcado por denuncias de encubrimiento y presiones políticas. Si bien los autores materiales del atentado habían sido detenidos y condenados previamente, la identificación y juzgamiento de quienes ordenaron el crimen representaba el punto más sensible del proceso judicial.
Según reconstruyó el tribunal,
el asesinato estuvo vinculado a disputas por el control territorial y político en zonas de expansión inmobiliaria, donde operan milicias con fuertes lazos con dirigentes locales. La sentencia consideró probado que los hermanos Brazão actuaron para silenciar a una dirigente que denunciaba esas redes de poder.
La condena fue celebrada por amplios sectores de la izquierda brasileña y organizaciones de derechos humanos, que durante años impulsaron la consigna “¿Quién mandó matar a Marielle?”. Para esos espacios,
el fallo representa un avance contra la impunidad estructural y un mensaje frente a la violencia política en el país.
En un Brasil atravesado por tensiones institucionales y por el avance de discursos autoritarios en los últimos años, el caso Marielle Franco se convirtió en un termómetro de la capacidad del Estado para investigar y sancionar crímenes que involucran a figuras del poder político. La sentencia de la Corte Suprema marca un punto de inflexión en esa historia y reabre el debate sobre el peso de las milicias en la vida pública brasileña.