23.02.2026 / AGENDA
Semana decisiva en el Senado: reforma laboral, baja de imputabilidad y acuerdo con la UE
En el cierre de las sesiones extraordinarias, la Cámara Alta debatirá un paquete de reformas impulsado por el oficialismo que incluye cambios laborales, penales y un acuerdo comercial clave con Europa. El Gobierno busca llegar al 1° de marzo con señales de avance legislativo.
El Senado de la Nación se apresta a tratar esta semana, en el tramo final de las extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, un conjunto de iniciativas sensibles que combinan la sanción definitiva de la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad y la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La estrategia oficial busca exhibir capacidad de obtener legitimidad parlamentaria antes de la apertura de sesiones ordinarias.
El cronograma fue dividido en dos jornadas debido a exigencias reglamentarias que obligan a dejar transcurrir siete días entre la firma de dictamen y su tratamiento en el recinto, salvo que se reúnan dos tercios de los votos. Con ese límite, el oficialismo acordó con bloques dialoguistas sesionar jueves y viernes para garantizar la votación del proyecto laboral que volvió de Diputados con modificaciones.
Para el jueves a las 11 está previsto el debate del Régimen Penal Juvenil, cuyo eje más controvertido es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La propuesta cuenta con respaldo del PRO, parte de la UCR y sectores provinciales, mientras el interbloque peronista anticipó su rechazo y advirtió sobre el impacto social de la medida.
El viernes quedará reservado para la sanción definitiva de la reforma laboral, tras la eliminación del artículo 44 que había generado resistencias incluso entre aliados. A la vez, se realizará la votación del acuerdo comercial con la Unión Europea, un punto que expone divisiones en sectores del peronismo federal y que la Casa Rosada considera central para su estrategia de apertura económica.
Durante el plenario de comisiones, desde el bloque libertario defendieron el proyecto laboral al sostener que “no fue un proceso cerrado” y que se escuchó a “más de 1.500 organizaciones”. Sin embargo, tras un paro general y movilizaciones que terminaron con represión policial, la oposición cuestiona el alcance de los cambios y anticipa que el debate continuará en el plano judicial y sindical en caso de que la iniciativa obtenga luz verde.
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