El gobierno de Javier Milei incluyó en su proyecto de ley "Hojarasca" la derogación de la ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, una norma establecida en 2003 por Eduardo Duhalde y Miguel Pichetto para proteger a empresas argentinas, como el Grupo Clarín, de la incursión de capitales extranjeros. Esta decisión parece ser un paso estratégico para allanar el camino a inversores interesados en adquirir Arsat, la empresa estatal de telecomunicaciones.
De acuerdo a LPO, desde el Gobierno argumentaron que la existencia de la norma actual representa una "dudosa constitucionalidad" y una restricción para atraer inversiones. "La ley impide que un extranjero se quede con una empresa argentina", señaló, justificando la necesidad de su eliminación para fomentar el ingreso de capitales al país.
El artículo 1 de la ley 25.750 establece la protección del patrimonio cultural, científico y tecnológico, además del espectro radioeléctrico. Sin embargo, la postura del gobierno ha sido cuestionada por figuras de la oposición, como el diputado Pablo Carro, quien afirmó que "nunca fue cuestionada la constitucionalidad de la Ley 25.750". Carro agregó que el oficialismo está "ideologizando" el debate, argumentando que la derogación de la ley facilitaría la "integración al mundo".
La aparente maniobra del gobierno para privatizar Arsat levantó sospechas en el ámbito político y empresarial. Se han revelado conversaciones entre el Presidente y el magnate mexicano Carlos Slim, propietario de Claro, lo que generó inquietud en otros actores del sector, como Telefónica y Telecom, que también están interesados en la compañía estatal. Según fuentes parlamentarias a ese medio, la inclusión de la derogación de la ley de Bienes Culturales en el proyecto "Hojarasca" podría ser un intento de reavivar una propuesta que había fracasado anteriormente en el Congreso.
