El ministro de Desregulación y Modernización del Estado,
Federico Sturzenegger, celebró hoy la derogación de los DNU que obligaban a la administración pública a operar con Nación Seguros, YPF y Aerolíneas Argentinas al señalar que
“El Decreto 747/24 firmado hoy por el presidente Milei deroga los decretos 1187/12, 1189/12, 1191/12 y 823/21, eliminando los privilegios de Nación Seguros, YPF, Banco Nación y Optar en las contrataciones públicas.
Las empresas públicas deben servir a los ciudadanos y no servirse de ellos", apuntó en su cuenta de X, antes Twitter, el ministro sobre la medida del gobierno de Javier Milei.
En esa línea, en referencia a la causa que investiga al expresidente Alberto Fernández, Sturzenegger consideró: "
Si estos privilegios, a su vez, servían para anidar corrupción o mantener a una casta política, deben ser desterrados”.“Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un “broker” para que logre una contratación que era obligatoria por ley. El Decreto 1191/12 obligaba a comprar los pasajes con la unidad básica camporista de Optar SA", señaló.
Y justificó la medida del Gobierno. "El Decreto 1187/12 que obligaba a los empleados públicos a cobrar los sueldos en el Banco Nación impidiendo un ingreso por la gestión de esas cuentas que es un ahorro para el Estado, y el Decreto 1189/12 que obligaba a comprar combustible a YPF sin que el Estado pudiera compulsar precios más baratos.
Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, remarcó.
Este miércoles se conoció la derogación del DNU 823 del 2021 que establecía que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” debían “i
mplementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
La decisión de la gestión de Javier Milei se da en medio de la causa por la que está imputado el expresidente de la Nación
Alberto Fernández y al productor de seguros
Héctor Martínez Sosa, esposo de su secretaría María Cantero, por
irregularidades en varias contrataciones realizadas por Nación Seguros, como ventas de pólizas a otros organismos estatales con sobreprecio.
El fiscal Ramiro González imputó al expresidente por
la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. Además, Fernández enfrenta la causa por violencia de género, tras la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez.
El Gobierno también oficializó este miércoles la derogación de los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12. La decisión del Gobierno se sustenta en que “mediante el Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.
En ese sentido, señalaron que “por el artículo 50 del citado Decreto N° 70/23 se estableció que las empresas en las que el Estado Nacional sea parte accionista no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el mismo disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.