21.08.2024 / Política
Javier Milei derogó el decreto de Alberto Fernández que obligaba a contratar Nación Seguros
La medida fue compartida hoy mediante el Boletín Oficial. Además se definió que ya no será obligatorio para la administración pública operar con el Banco Nación, ni usar los servicios de YPF y de Aerolíneas Argentinas.
En medio de la investigación contra el expresidente por las irregularidades en el manejo de seguros, el Gobierno derogó este miércoles el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del 2021 que establecía que los Ministerios y los organismos del Estado debían contratar las pólizas con Nación Seguros.
El DNU 823 del 2021, que fue derogado, establecía que “las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional” debían “implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera”.
“Se deroga el nefasto Decreto 853/23 que obligaba a comprarle los seguros a Nación Seguros. Tan grotesco era el sistema que se contrataba a un 'broker' para que logre una contratación que era obligatoria por ley”, apuntó ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A través del Boletín Oficial también se oficializó la derogación de los decretos 1187/12, 1189/12 y 1191/12. La decisión del Gobierno se sustenta en que “mediante el Decreto N° 70/23 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y se dispuso un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.
“Todos estos decretos implicaban una transferencia de recursos del contribuyente a estas empresas. Eso se acabó”, Sturzenegger.
El expresidente Alberto Fernández fue imputado en la causa de los seguros por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. El fiscal Ramiro González solicitó como diligencias para prueba que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia informen los antecedentes al decreto 823/21, ahora derogado por Milei. Además, solicitó incorporar todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional bajo ese decreto firmado en la administración el Frente de Todos.
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