La Jefatura de Gabinete, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ha anunciado la rescisión de contratos de alquiler de más de 70 oficinas en todo el país. La medida, que busca reducir el gasto público, generará un ahorro de $2.298.218.220 anuales, equivalentes a $191.518.251 mensuales.
La decisión forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos. Se han dado de baja 71 contratos de alquiler, abarcando oficinas en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias, incluyendo Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Estas oficinas albergaban a más de 3.500 trabajadores de distintas entidades estatales, como la Secretaría de Turismo y Deporte, Superintendencia de Servicios de Salud, Secretaría de Industria y Desarrollo, ANSES, AFIP, INADI, ENARGAS y ENACOM. En la mayoría de los casos, los empleados han sido reubicados en oficinas y edificios de propiedad del Estado Nacional.
"Para el Gobierno, las bajas en los contratos “contribuye de manera notable a la reducción del gasto público” por lo que anunciaron la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres con el objetivo de “optimizar los recursos del Estado", informó Noticias Argentinas.
