22.02.2024 / CONGRESO
La Comisión Bicameral se reúne para tratar el DNU de Javier Milei: qué puede pasar
Se trata de la primera reunión del cuerpo, luego de la demora provocada por el titular de Diputados, Martín Menem. El foco puesto en definir las autoridades. La intención de La Libertad Avanza es la de elegir como presidente a Juan Carlos Pagotto.
La Comisión Bicameral se reúne este mediodía para designar autoridades y también tratar decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Gobierno anterior y el DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.
El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto ya que tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.
En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo, postura en la que pesan "los dichos de los últimos días del presidente sobre los miembros del Congreso", dijeron fuentes del sector.
La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.
Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal). Por Diputados, en tanto, están Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).
Menem cuestionó a los bloques que ahora "tienen un apuro institucional repentino cuando estuvieron en silencio mucho tiempo de varios sectores de la política; la última vez que se juntó la comisión en noviembre trató 115 decretos en menos de dos horas en una sesión virtual, que eran del 2019".
En esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisión "va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha".
La Comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados. De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.
Eso es lo que argumenta el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, cuando, en declaraciones radiales dijo que, ahora, "tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo". "Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto", opinó el formoseño quien, hasta ahora, no logró que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, pusiera fecha y hora a los pedidos de sesión especial planteados por el peronismo.
La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo. Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.
Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes. Si una cámara lo aprueba quedará firme, y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una "sanción tácita". "El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia", establece uno de los artículos de la ley 26.122.
Otro punto que formará parte del debate de hoy será la propuesta de la UCR, que quiere hacer una interpretación de la ley y que se puedan aprobar algunos artículos y otros no, porque considera que se están reformando o anulando muchas leyes y trata múltiples temas.
Sin embargo, es probable que no se acepte esa posibilidad ya que la ley 26.122 reformada en 2006 dice que las cámaras "no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes".
El gobierno de La Rioja realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia donde volvió a pedir la "suspensión total de los efectos" del DNU 70/2023, al entender que el máximo tribunal ya se encuentra en condiciones de resolver la medida cautelar que pidió en diciembre. El pedido de pronto despacho lleva la firma de los apoderados legales de la provincia, el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni y el constitucionalista y académico Gustavo Ferreyra, quienes señalaron que "se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal".
En ese sentido, insistieron en que la Corte "declare la inconstitucionalidad manifiesta del DNU 70/2023 que produce perjuicios irreparables al resultar sin remedio contrario a la Constitución federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos y se decida jurisdiccionalmente su nulidad absoluta e insanable".
El amparo impulsado por el gobernador Ricardo Quintela se presentó el 27 de diciembre pasado. La Corte trasladó el expediente al procurador Eduardo Casal, pero aclaró que lo trataría al finalizar la feria judicial de enero, como un modo de dejar espacio al Congreso para que trate el DNU.
Aunque la presentación no tiene efectos legales porque la Corte Suprema no tiene plazos, La Rioja argumentó que ya se completaron todos los pasos necesarios: Casal dictaminó a favor de la intervención de la Corte y también se notificó a la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, que emitió su respuesta.
El llamado "mega DNU" desregula amplios mecanismos de la economía, dispone el fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, la flexibilización del mercado laboral y la privatización de empresas públicas, entre otras reformas contenidas en sus 366 artículos.
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