En una conferencia de prensa celebrada en Casa Rosada, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó la implementación de una auditoría exhaustiva en los más de un millón de planes Potenciar Trabajo, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o asignaciones sin justificación adecuada. "El Gobierno inicia la auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta", afirmó Adorni durante la rueda de prensa.
"Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiarios", señaló Adorni.
El funcionario resaltó que estos 160 mil planes equivalen a una suma considerable de 10 mil millones de pesos, fondos que, según Adorni, los argentinos no deberían tener que asumir.
El objetivo principal de esta iniciativa, según Adorni, es "transparentar el sistema" y evitar que los planes se conviertan en un negocio para intermediarios. En relación a la actualización de los montos para los beneficiarios, Adorni informó que los mismos se encuentran congelados, con un enfoque particular en apoyar a los sectores más vulnerables.
El portavoz recordó el reciente aumento establecido para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, pero subrayó la necesidad de administrar recursos escasos frente a necesidades infinitas.
La investigación del fiscal Marijuan, quien indaga posibles defraudaciones en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo, ha revelado más de 8,000 empleados públicos en diez provincias que reciben el plan de manera incompatible con sus roles actuales. Marijuan ha solicitado información a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, detectando 8,535 casos de posibles delitos de "violación de deberes" y "defraudación". La fiscalía ha tomado medidas para suspender o dar de baja el beneficio en los casos identificados y ha informado a las fiscalías federales correspondientes. El fiscal presentó una denuncia penal en el juzgado federal de María Servini, solicitando investigar las presuntas conductas ilícitas de aquellos funcionarios encargados del otorgamiento y control del Programa Potenciar Trabajo, que podrían constituir delitos de violación de los deberes de funcionario público.