15.12.2023 / PLAN CAPUTO
Los ganadores y perdedores de las medidas de Caputo: el informe del CEPA sobre el impacto del ajuste
El análisis subraya además las complejidades y los desafíos económicos que surgen de las recientes decisiones políticas y cómo estas impactan directamente en la dinámica inflacionaria del país. Cuáles son los escenarios posibles. Quién paga el ajuste.
En la primera semana del gobierno de Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de medidas que marcarán el rumbo de las políticas económicas del nuevo mandato. Un análisis detallado realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) arrojÓ luz sobre las implicaciones de estas decisiones, identificando a los sectores que se verán afectados y aquellos que podrían beneficiarse.
Entre las medidas clave, se destacaron la no renovación de contratos laborales en el sector público con menos de 1 año de vigencia, la suspensión de la pauta del Estado Nacional en los medios de comunicación, y la reducción de ministerios y secretarías. Asimismo, se informa sobre incrementos en asignaciones como la AUH y la Tarjeta Alimentar, así como la congelación de planes Potenciar Trabajo y recortes en subsidios a energía y transporte.
En este marco, el informe del del CEPA señaló que aproximadamente el 67% del ajuste propuesto recaería en trabajadores activos, pasivos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre las medidas que afectarían a estos sectores se incluyen la reversión de la eliminación del impuesto a las ganancias, recortes en transferencias a provincias, suba de tarifas y transporte, congelamiento de planes Potenciar Trabajo y la posible pérdida de empleo en obras públicas.
LOS BENEFICIADOS
La mega devaluación beneficia sustancialmente a aquellos sectores dolarizados previamente y que reciben flujo en dólares por su actividad económica. El blanqueo de capitales, según el proyecto de ley, se aplicará con tasas diferenciales, del 0% para fondos en Argentina y el 5% para fondos en el exterior. La gestión anterior había enviado un proyecto de exteriorización que contemplaba alícuotas crecientes del 5 al 20% a medida que se demorara la declaración de bienes. La incertidumbre radica en si será una exteriorización similar a la realizada por el gobierno de Cambiemos, sin el requisito de ingresos de las divisas o si se exigirá que ingresen.
En relación a Bienes Personales, el informe señala que se propone reducir la alícuota por año desde 1,5% hasta llegar al quinto año a 0,8%. Se puede pagar cinco años anticipados con la alícuota más baja y después no se presenta declaración jurada. Cuanto mayor sea la cantidad de años anticipados, menor será la alícuota. Esta propuesta es similar a la realizada por el Gobierno de Cambiemos, conjuntamente con el blanqueo aprobado en 2016, a los efectos de incentivar la declaración. Aunque el Congreso frenó su reducción total, se fijó una alícuota mínima de 0,25%.
Se contempla un potencial levantamiento del cepo y dolarización de personas físicas y jurídicas con mayor poder adquisitivo. Durante el periodo 2016-19, la Formación de Activos externos ascendió a USD 84 mil millones de dólares.
Respecto a la liberalización del comercio exterior, se plantea la pregunta de si se eliminarán las licencias no automáticas, lo que podría significar una apertura importadora que podría afectar la producción local y favorecer a importadores e intermediarios.
En cuanto al seguro de cambio para deuda importadora, se propone que el BCRA ofrezca un bono en dólares para importadores de bienes y servicios que podrán suscribir en pesos, voluntariamente, hasta el valor del stock de su deuda comercial externa. Estos bonos serán pagaderos en dólares al vencimiento que se conocerá al momento de su oferta, pero podrán extenderse hasta 2027 y rendirían un 5% anual, con opción de rescate anticipado en pesos al tipo de cambio oficial. A diferencia de otros instrumentos de cobertura, este instrumento es pagadero en dólares.
LOS PERDEDORES: LOS TRABAJADORES Y LAS PYMES
La devaluación, combinada con el aumento de los derechos de exportación y del Impuesto PAIS, no solo está generando cambios en los valores del comercio exterior, sino que, fundamentalmente, está acelerando el ritmo inflacionario, según un análisis detallado.
Para el CEPA, se trata de una devaluación, del orden del 120%, que implica un encarecimiento significativo de los costos de insumos importados, especialmente en bienes intermedios para la producción industrial, que representan casi el 40% del total de importaciones. Se suma a esto un 21% destinado a piezas y accesorios para bienes de capital. Hay que recalcar que el aumento del Impuesto PAIS, del 7,5% al 17,5%, se suma al costo de la devaluación. El tipo de cambio para importar insumos alcanza los $940, generando un incremento total del tipo de cambio del 140%.
Tales medidas han llevado a la actualización de las listas de precios tanto antes como después de la devaluación, impactando directamente en el consumidor y en la cadena de producción y a pesar de las críticas a las regulaciones estatales por no funcionar, la ortodoxia económica estima que hay una inflación "reprimida" del 40% al 60%. Hay que recordar que la victoria de Milei en el ballotage ha desencadenado un aumento significativo de precios al presumir la eliminación de controles y regulaciones.
En este sentido, según el informe, la argumentación de que los precios no aumentarían porque "ya están a los dólares paralelos" se cuestiona en base a la realidad. Por ello, considerando las variaciones desde el inicio de 2023, los precios de alimentos a noviembre equiparan los precios de CCL al mismo mes. Situación que plantea interrogantes sobre la justificación de un nuevo aumento de precios en diciembre si el dólar paralelo se mantiene estable.
Análisis de Las Principales Medidas Anunciadas Por El Gobierno - CEPA - Diciembre 23 by Walter Gustavo Sosa on Scribd
EL IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
La propuesta económica de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, plantea medidas que, según dicho informe, podrían tener un impacto significativo en la economía y en los ingresos de la población. En esta línea, se espera que el recorte en la demanda interna, propuesto como medida para contener la inflación, resulte en un encarecimiento brutal de productos, afectando el poder adquisitivo y desacelerando la actividad económica. La caída de la demanda interna no tendría efectos en productos saldos exportables, como algunos de la canasta básica alimentaria.
También, las condiciones de libre mercado en servicios públicos pueden limitar el acceso de una porción creciente de la población a servicios esenciales como luz, gas y agua.
Respecto de las importanciones, aunque se ha eliminado el requisito formal de contar con una SIRA autorizada para acceder al mercado de cambios para pagar importaciones, hasta el momento solo se autorizó el pago diferido de nuevas importaciones. Se presume que el objetivo a largo plazo es eliminar estos plazos, generando un superávit de cuenta corriente mediante un tipo de cambio alto y una disminución de las importaciones por recesión económica.
SEGURIDAD SOCIAL, JUBILADOS, SUBSIDIOS, TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE
Si hablamos de seguridad social, el recorte en la seguridad social asciende a 0,4% del PBI, según indicó el propio Ministerio de Economía. De hecho, la intención de suspender la movilidad jubilatoria podría resultar en aumentos discrecionales por debajo de la inflación. Asimismo, el estudio denuncia que no se especificó si se continuará con la política de bonos para haberes mínimos, lo que podría significar una reducción nominal del haber mínimo del 34%, además de la incertidumbre sobre la continuidad de políticas como medicamentos gratuitos del PAMI y refuerzo alimentario. Respecto de los escenarios posibles, se plantean tres escenarios posibles, que incluyen la suspensión de la movilidad jubilatoria, la eliminación del bono para haberes mínimos o la continuación del bono, aunque este último podría irse licuando en paralelo con la inflación.
El anuncio de que los planes Potenciar utilizarán el presupuesto del año 2023, y la presunción de que los montos estarán vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), plantea preocupaciones sobre la posible congelación de dicho salario. Este escenario tendría repercusiones en varios aspectos, afectando los ingresos de distintos sectores.
En relación al estudio, hay que considerar un atraso en el 82% móvil del haber mínimo jubilatorio. Si se opta por congelar o atrasar la actualización del SMVyM, esto impactaría directamente en el cálculo del 82% móvil del haber mínimo jubilatorio. Cerca de 1 millón de jubilados recibirían un menor beneficio, generando inquietud en este segmento de la población.
Con el esquema actual, el mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias se establece en 15 salarios mínimos. Si se congelara el SMVyM, más trabajadores se encontrarían por encima de este límite, lo que podría resultar en un aumento en la cantidad de trabajadores sujetos al impuesto. Sin embargo, cabe señalar que se propone dejar sin efecto la reciente reforma, lo que podría moderar este impacto.
En relación a los recortes de subsidios al transporte, el informe advierte la posibilidad de que el boleto en el AMBA flutúe entre 800 y 1000 pess. Asimismo, los precios de los combustibles experimentaron un significativo aumento, alcanzando entre un 35% y un 40% tan solo el 13 de diciembre. Esta alza se sumó a un incremento cercano al 30% registrado la semana anterior. En términos generales, en los últimos diez días, las naftas han experimentado un aumento del 82%. Esta rápida escalada de precios tiene repercusiones sustanciales en diversos sectores, ya que afecta directamente el costo de levantar la cosecha, encarece la distribución, eleva los costos de cargar el tanque y tiene efectos notables sobre el transporte público.
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